La decisión del Tribunal Supremo de investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont da una nueva vuelta de tuerca a una causa que cada vez se coloca un poco más lejos de resolverse con la exculpación del líder de Junts per Cataluña.

El alto tribunal ha decidido abrir causa contra el ahora europarlamentario, por considerar que ejercía un «liderazgo absoluto» en la organización Tsunami Democràtic y encajar los hechos en un delito de terrorismo. Para avalar su tesis, los magistrados citan al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero con las que consolidan su doctrina sobre este delito.

Al Supremo no le cabe duda de que concurre en el caso esa figura delictiva, por considerar que «se han cometido por los integrantes del movimiento Tsunami los delitos graves contra la libertad, integridad física, de atentados, falsedades documentales, el patrimonio y otros».

La decisión abre una nueva causa contra el fugado Puigdemont al que parece que se le complica el futuro que le ofrecía la virtual aprobación de la Ley de Amnistía, que parecía ahora más próxima, tras el acercamiento entre PSOE y Junts para alcanzar el acuerdo que la formación independentista abortó a última hora en el primer debate en el Congreso de los Diputados.

El paso del Supremo, sin embargo, podría neutralizar el efecto de la hipotética ley para quien está llamado a ser el principal beneficiario de la misma, un Puigdemont que aspira a volver triunfal a Cataluña limpio de toda mancha judicial. Solo lo haría con la garantía de una impunidad absoluta para los actos que encabezó el 1 de octubre de 2017, un levantamiento contra el Estado que no pudo culminar, muy a pesar de sus deseos.

El tribunal ya ha avanzado que le citará a declarar en calidad de investigado, dando trámite a la causa, cuya resolución se presenta muy incierta para el político sublevado.

En contra de la tesis que viene sosteniendo el Gobierno, de perdón de todas las acciones que se cometieron para celebrar un referéndum independentista, incluida la huida de la justicia, el Tribunal Supremo establece que se deben sustanciar otras responsabilidades, más allá de las que se habían barajado hasta ahora, que podrían haber quedado bajo el paraguas político de la amnistía.

Es por eso que esta decisión interpela no solo al investigado, sino también a quienes han intentado exculparle de toda responsabilidad judicial, solo para conseguir los apoyos parlamentarios que permitan el mantenimiento de Pedro Sánchez en La Moncloa. Puede que todavía lo intenten, transigiendo por las exigencias de Junts, para incluir todas las formas de terrorismo en la Ley de Amnistía. No obstante, a Carles Puigdemont se le complica, uno poco más cada vez, la impunidad a la que aspiraba.