El 2023 y este 2024 han sido años electorales tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. En ambos casos, y con los votos de la ciudadanía, celebramos que ni en Castilla-La Mancha ni en España la ultraderecha haya conseguido entrar en el gobierno. Sin embargo, esta situación sí se ha dado en las comunidades de Castilla y León, C. Valenciana, Murcia, Extremadura, Baleares y Aragón, y la entrada de la ultraderecha en estos gobiernos está provocando una regresión de derechos y libertades para la ciudadanía.
Los pactos autonómicos entre PP y VOX no son solo una amenaza para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, sino también para la lucha del feminismo, del colectivo LGTBI y para los inmigrantes. Además, conviene no olvidar que estos dos partidos no apoyaron la reforma laboral, la subida de las pensiones en función del IPC, los impuestos a las grandes empresas, la ley de una muerte digna o el decreto para abaratar el precio de la electricidad, entre otras normas en favor de la clase trabajadora en España.
En las próximas elecciones al Parlamento Europeo, el 9 de junio de este año, la extrema derecha puede tener la oportunidad de despuntar en Europa. Esa ultraderecha es una apisonadora de derechos y libertades para la ciudadanía, puesto que tiene la capacidad de colarse por las grietas del descontento social. Por eso, hay que combatirla desde dentro y fuera de los centros de trabajo.
Estas próximas elecciones al Parlamento Europeo son las más importantes desde hace muchos años. Determinarán si Europa se mantiene en la senda del progreso y la solidaridad que vimos en su respuesta a la crisis de la COVID-19, y apoya a las personas trabajadoras y a sus territorios en todo el continente, o si volverá a la austeridad y a los recortes, con sus ataques a la clase trabajadora.
Hay que tener en cuenta que la construcción europea pasa necesariamente por integrar de manera preferente a la clase trabajadora, dotarla y garantizar sus derechos, reconocer el papel fundamental de las organizaciones sindicales y fortalecer el diálogo social y la negociación colectiva.
Así mismo, necesitamos una política industrial europea fuerte con una inversión pública y privada significativa y eficaz que sustente el empleo de calidad y el progreso social. En este marco, es urgente que Europa incremente su 'soberanía industrial', tanto para evitar que se repitan los problemas derivados de la dependencia externa en el suministro de materiales o productos imprescindibles como para impulsar la innovación y la transformación económica. España ya ha apostado por fabricar semiconductores (PERTE), porque se trata de una industria de alto valor y porque tiene que apostar por tecnologías de última generación.
Debemos alcanzar los objetivos climáticos mediante una transición energética justa en el plano laboral mediante la anticipación y la gestión del cambio, basada en los principios de participación sindical y en la negociación colectiva para que no deje atrás a las personas trabajadoras. Los fondos europeos son una oportunidad para abordar el problema del cambio climático y los efectos perversos que tiene en nuestro planeta.
En el ámbito del sector agrario, la PAC 2023-2027 debe orientarse hacia la consecución de unos resultados concretos en el ámbito comunitario como son asegurar unos ingresos justos para los profesionales de campo, incrementar la competitividad y reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medioambiente y conservar el paisaje y la biodiversidad; apoyar el relevo generacional, mantener vivas las zonas rurales, y proteger la calidad de los alimentos y la salud. Todo ello, siempre garantizando las ayudas de la PAC a la condicionalidad social y al cumplimiento de los derechos básicos de las personas trabajadoras.
Ligado a todo lo anterior, desde el conjunto de la UE se deben garantizar unos servicios públicos de calidad que den cobertura a las personas. Estos servicios públicos son esenciales para la cohesión social, económica y territorial.
Desde nuestra organización apostamos por un modelo social basado en la inclusión, los derechos, la justicia, la igualdad, la diversidad y la solidaridad. Sin embargo, la ultraderecha promueve políticas basadas en la exclusión, la intolerancia y el nacionalismo extremo, lo que es perjudicial para la estabilidad y la cohesión de la Unión Europea.
Por eso, CCOO, como sindicato sociopolítico que somos, pedimos el voto para los partidos progresistas, ya que a nuestro compromiso activo con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y con una sociedad igualitaria, diversa y solidaria, debe ir unido a un voto que, en las elecciones europeas, consiga frenar el avance de la ultraderecha.