Hoy se aprobará en las Cortes la nueva Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, que regula el tráfico de intereses para altos cargos y las incompatibilidades cuando dejan el puesto. Esta normativa saldrá aprobada con una amplia mayoría porque tanto PSOE como PP están de acuerdos. Sin embargo, el debate de la normativa ha estado protagonizado por la modificación que incluyeron para regular una prestación por inactividad laboral para los exaltos cargos que después no puedan incorporarse al puesto de trabajo que tenían antes.

El vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, precisó que no afectará a muchos altos cargos del momento actual. Contó que hay 132 altos cargos, de los cuales el 54 por ciento son empleados públicos, por los que volverán a su plaza. Del resto, cerca de la mitad, un 45 por ciento, tienen un puesto reservado en empresas y otras entidades. Tampoco tendrán derecho a ese subsidio. Como resultado, del total de altos cargos que hay ahora, solo lo cobrarían un 25 por ciento. Martínez Guijarro defendió este sistema: "En otros sitios lo que se permiten son las puertas giratorias", dejó caer.

La portavoz de los socialistas, Ana Isabel Abengózar, también justificó esta medida. "No es una indemnización, no es una cesantía, no es una paguita de por vida", expuso, "es una prestación por desempleo, como cualquier español o española". La diputada del PP, Tania Andicoberry, reivindica que su partido trabaja para "garantizar que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan los mismos derechos, también los que de forma honrada se dedican a la política".

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Desde Vox, Luis Blázquez, señaló que su partido está en contra de la ley porque incluye "una paguita para los consejeros y para los políticos de nuestra región". Critica que "el PP y el PSOE pondrán de nuevo sus necesidades por encima e la de lso castellanomanchegos". Recuerda que no tienen esa "paguita" los autónomos que tienen que cerrar su negocio o los agricultores que dejan sus cultivos porque no son rentables.