La mesa del tercer sector surgió en Castilla-La Mancha en 2016 y José Antonio Romero fue elegido presidente de este organismo en 2020. La entidad se encuentra en plena campaña para pedir que se marque la X de fines sociales y con propuestas que recuerden que eliminar o reducir ayudas al desarrollo pueden suponer un problema a futuro. La Mesa del Tercer Sector está compuesta por las dos principales plataformas representativas del ámbito de la discapacidad y la lucha contra la pobreza como es el Cermi y EAPN, así como las dos entidades singulares de la región, ONCE y Cruz Roja, además de la Plataforma de Organizaciones de Infancia y la Coordinadora de ONG desde Desarrollo y está Acescam, que es la Asociación de Centros y Residencias de Mayores del ámbito del Tercer Sector.
¿Cómo surge esta plataforma?
Surge de los años de los que veníamos, de crisis, de recortes, de un montón de situaciones en las que veíamos que la unión hace la fuerza, nunca mejor dicho y lo que pretendemos es ser una voz unitaria, que no única en todo lo que concierne a la defensa de los derechos sociales, a luchar por la justicia social, tan denostada últimamente y que tanto está últimamente también en el debate. También queremos exigir y garantizar y denunciar las vulneraciones de los derechos de las personas más vulnerables de la región.
¿Cómo planteáis esta campaña de la renta y la 'X' para fines sociales?
Esta es una campaña que a nivel estatal se coordina desde la plataforma de ONG de Acción Social y colaboramos todas las plataformas a nivel autonómico. Lo que hacemos es salir a las calles y animar, informando a la gente, en qué consiste marcar la casilla 106 en el IRPF para fines sociales. Sobre todo decirle a la gente que el 0,7% de sus impuestos, que es de las pocas posibilidades que tenemos los ciudadanos de poder decidir dónde queremos que vayan, pues a través de esta casilla se destinan a fines sociales. Con ese dinero se pueden financiar distintos proyectos que van a atender a los colectivos más vulnerables. También animamos a la gente a que, si están interesados, marquen la casilla 105, la de la Iglesia, que no excluye una casilla a la otra, sino que suman.
¿Cree que ese 0,7%, cifra simbólica para la cooperación al desarrollo, está en peligro, en estos momentos, tras años en que hay ayuntamientos o diputaciones lo habían incrementado?
Nosotros estamos luchando y hemos iniciado una campaña de incidencia política, que es una de las funciones principales que tiene el tercer sector a nivel estatal y en la región. La hemos hecho no solo para asegurar el 0,7%, sino para que se incremente al 1% en la recaudación del IRPF y del impuesto de sociedades. Llevamos con el 0,7%, muchísimos años y somos conscientes de que la financiación de las organizaciones sociales es muy necesaria, pero se han incrementado muchísimo los gastos de todo tipo y es verdad que es un número simbólico. Además, nuestro objetivo siempre ha sido reivindicar el 0,7% en cooperación a nivel estatal, autonómico y municipal y ahí sí que vemos que ese objetivo no se está cumpliendo, en la mayoría de las comunidades autónomas ni en los ayuntamientos. Estamos viendo, además, que, en algunos ayuntamientos lejos de llegar, han empezado recortes en fondos.
¿Cómo se trabaja?
Con toda la crisis que venimos desde el año 2022 atravesando con el tema de Ucrania, todavía la sociedad no es consciente. Igual con Palestina, donde han muerto más de 30.000 personas. Son nuestras organizaciones a nivel internacional las que están interviniendo en la crisis humanitaria que eso está generando. Estamos viendo que el cambio climático está provocando también una serie de migraciones forzadas. Hay unos problemas importantes también de los que no somos conscientes todavía o no queremos ser conscientes. Miramos para otro lado y solo vemos en los telediarios que llegan pateras a las costas de Canarias o de Cádiz y pensamos que, en vez de buscar el origen y la causa por la que estas personas se ven obligadas a salir de sus países, y todas las personas que se enriquecen por las dificultades que ellas tienen para tener que salir de sus países, cómo podemos seguir colaborando, cómo podemos impulsar la cooperación para que estas personas no se vieran obligadas a salir de sus países.
Dentro de esas ayudas estas semanas has estado hablando mucho de una de ellas que es el ingreso mínimo vital y de lo difícil que está siendo hacerlas llegar.
Veíamos hace poco unas estadísticas, en las que se decía que todavía hay muchas personas que están por debajo del umbral de la pobreza y en situación de pobreza severa, de privación material severa, sin el Ingreso Mínimo Vital. La intención es que el acceso a esa renta mínima sea lo más accesible posible, que es una de las grandes dificultades que, por ejemplo, se han encontrado muchas personas en Castilla-La Mancha y en el resto de comunidades autónomas a la hora de poder acceder los trámites con la Seguridad Social, las aperturas de banco, la firma digital... Hay una serie de procedimientos que, lejos de ayudar o facilitar los trámites a las personas, al final lo que hacen es generar más barreras administrativas y echan para atrás a muchas personas. Es el momento de revisar ese marco de protección social y poder garantizar y complementar ese ingreso mínimo vital con otro sistema a un nivel de renta mínima y de garantías para proteger a estas personas.
El otro día veía a la mesa de tercer sector con los candidatos a las europeas y se señalaba ese objetivo de lograr que estos derechos lleguen a todo el que se puede acoger.
Siempre pensamos que cuando vemos los telediarios o cuando nos hablan de la Unión Europea, pues muchas veces lo vinculamos estrictamente a lo mejor a temas de agricultura o de ganadería o de otras cuestiones que son fundamentales, sobre todo para nuestra región. Las decisiones que se toman en Bruselas o en Estrasburgo nos afectan en nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. No somos conscientes muchas veces de todo lo que nos jugamos y más es de cara a estas elecciones. Nosotros estamos haciendo un llamamiento al voto, porque dependiendo de los resultados. Hay avances que hemos conseguido gracias a la cohesión entre los países de la Unión Europea y que están en peligro. Se lo estamos trasladando a todos los partidos. El que cualquier país de la Unión Europea pueda tener una renta mínima garantizada, un ingreso vital, que se luche contra la pobreza infantil, contra la pobreza energética, que se garanticen las directivas de no discriminación hacia las personas con discapacidad o de los colectivos más vulnerables es algo en lo que venimos trabajando en los últimos años para generar también un espacio de diálogo civil europeo con el tercer sector. Pensamos que es el momento del diálogo civil europeo y que las organizaciones de ámbito nacional a nivel europeo, que formamos parte de distintas plataformas, estamos trabajando ya en ese marco.
¿Cuál es la importancia económica del tercer sector en la región?
Hace poco tiempo veíamos en varios informes que estamos manejando, como un observatorio de la economía social, de la que formamos parte, que se señalaba que hay más de 3.500 asociaciones de tercer sector en la región. Estamos hablando de más de 15.000 trabajadores y que, probablemente, estamos rozando más del 2,5% del PIB de la región. En cuanto a producción, si entendemos lo que el tercer sector significa, hay una pregunta que siempre nos hacemos y que en algunos foros de debate planteamos: ¿Quién tendría que hacer y quién se haría cargo de lo que hacemos si el tercer sector no estuviera? Hablamos del ámbito de mayores, de infancia, de personas con discapacidad, de ayuda a personas en pobreza y en exclusión social, menores o jóvenes. Todo lo que hacemos, si lo tuviese que hacer la administración pública o con contratos con la empresa privada, estoy convencido de que el coste sería muchísimo más elevado de lo que supone ahora la financiación que obtiene el tercer sector. Por cada euro de inversión pública que se genera en los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, estos revierten en más de cuatro euros a la sociedad. Es un capital social que generamos en la región, porque, además, nuestro trabajo no se deslocaliza, no nos podemos llevar el trabajo con las personas a otros sitios. Generamos desarrollo local, desarrollo rural e intentamos siempre que nuestras organizaciones trabajen mano a mano con el entorno, sobre todo, para luchar contra la despoblación.
¿Cuáles son los grandes retos de la región?
Un reto fundamental para nosotros es consolidar el diálogo civil. Los agentes sociales y económicos, los sindicatos o la patronal, tienen su marco de diálogo con las administraciones y nos parece muy adecuado para los temas que se tienen que ver en el diálogo social, pero claro, la Constitución tiene ya más de 40 años y ha establecido una serie de cambios y una serie de premisas. Uno de ellos lo hemos conseguido desde el tercer sector. La tercera enmienda de la Constitución se consiguió hace pocos meses, cambiando el artículo 49, que más allá de que desapareciese la palabra disminuido por personas con discapacidad, establece un punto importante y es que se tiene que promover la participación y ser oídas las organizaciones. Esa tercera enmienda abre el camino a ese diálogo civil, que no es solamente reunirnos dos veces al año. También buscamos un modelo estable de financiación a través del concierto social, de las subvenciones plurianuales, a través de ese sistema de protección. Otro de los retos es la revisión de todo el sistema de protección social y de derechos sociales en la región. La Ley de Servicios Sociales de 2010 hay que ponerla encima de la mesa, revisarla, adaptarla y dotarla de los recursos que necesitan y tenemos una Ley de Accesibilidad del año 94, que es otro de los retos de legislatura.