La política agraria de la Unión Europea se ha caracterizado tradicionalmente por su excesiva lentitud a la hora de adoptar medidas de cambio para adaptarla a las cambiantes necesidades de agricultores y ganaderos. Ahora, con el inicio de una nueva Presidencia en Bruselas -en este caso la polaca- con problemas en el campo similares a los españoles, Atocha ha aprovechado para plantear a Bruselas nuevas iniciativas.

En este contexto de cambio, desde la Administración agraria española se han puesto sobre la mesa una serie de propuestas que, en su conjunto, harían más viable la actividad y con ello asegurarían la permanencia de las explotaciones y el relevo generacional. Todo ello frente a los riesgos actuales de ir dejando el campo en la manos de las grandes corporaciones financieras o de los fondos buitre, apoyados especialmente por uno de bancos líderes españoles, solo preocupado por los datos de inversión de los grandes grupos, pero no de las inversiones de los pequeños y de los medianos agricultores. Uno de los resultados de todo ese proceso de concentración del poder en el campo en manos de fondos financieros y conglomerados agroalimentarios sería su mayor capacidad para controlar la oferta y la transformación y con ello fijar precios en función de sus intereses y no de la de la mayoría de pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

El Ministerio de Agricultura reclama, de entrada, el funcionamiento de una Política Agraria Común (PAC) con fondos suficientes y otro Marco Financiero para hacer frente a las necesidades del sector, todo ello acompañado de otra política de simplificación con el fin de acercar esos fondos a los intereses de los beneficiarios. Se trata de una demanda tan vieja como la propia PAC. Y se mantiene viva porque los cambios llevados a cabo en esa dirección no han sido suficientes sino todo lo contrario, especialmente en materia de recursos o de la regulación de los mercados, dejando cada día más indefensos a los agricultores y ganaderos, sin ponerse en marcha otros mecanismos de apoyo. España abunda en la necesidad de dotar con mayores recursos a los fondos de reserva -unos 450 millones hoy- para atender situaciones de crisis que sufren los mercados, a las que no llegan los mecanismos de regulación en permanentes procesos de ajuste.

Frente a los elevados costes de producción se demandan medidas para mejorar la capacidad competitiva en unos mercados cada vez más globalizados, de manera que se pueda operar en condiciones de igualdad, fundamentalmente frente a terceros países. Los agricultores comunitarios tienen la necesidad de cumplir con una serie de requisitos en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal, uso de productos fito o zoosanitarios, o el mantenimiento constante de un cuaderno de explotación que no tienen en su agenda los productores de esos países que, sin embargo, en muchos casos disfrutan de unas condiciones favorables de entrada para operar en los mercados comunitarios con sus producciones.

A esas condiciones se suman otras derivadas del coste del empleo debido al cumplimiento de las mínimas exigencias que conllevan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de salarios o de trabajo infantil. Desde el sector, más allá de la posición de Atocha, se reclama que deje de emplearse al campo moneda de cambio para exportar bienes industriales o de servicios o para importar productos agrarios en condiciones ventajosas, cuando esos acuerdos no responden directamente a compromisos políticos, como serían los suscritos con países de norte de África.

Desde esa hoja de ruta que demanda Atocha a la nueva Presidencia, se plantea la necesidad de poner en práctica medidas para incrementar la competitividad del campo con una apuesta por cuestiones como las Nuevas Técnicas Genómicas o la oportunidad de adaptar las producciones de semillas mediante una mayor investigación en I+d a las nuevas exigencias derivadas del cambio climático, o simplemente para lograr unas producciones más acordes a la demanda en volumen, calidad o periodos de oferta.

Fitosanitarios.

Para el sector es importante -y lo apunta Atocha en un rosario de peticiones a la Presidencia- el cumplimiento por parte de las importaciones de los compromisos en materia de residuos de productos fito o zoosanitarios. En este asunto se pone el foco en el Límite Máximo de Residuos que se aplica para las producciones obtenidas en los países comunitarios, pero no en las de terceros países que, día tras día, son objeto de denuncias y registran casos de entrada de productos que superan esos límites; todo ello genera muchos interrogantes sobre los casos de productos que pudieron pasar la frontera superando esos límites sin ser detectados. Además, para mejorar la competitividad se demanda una mayor investigación con el objetivo de poder ofrecer a los productores comunitarios nuevos instrumentos fitosanitarios o zoosanitarios que permitan aumentar las producciones sin riesgos añadidos para la salud de los consumidores.

España hace otra llamada de atención a la nueva Presidencia para poner en marcha nuevas iniciativas encaminadas a potenciar las operaciones de exportaciones de los productos agrarios y alimentarios considerando las ofensivas en esta materia que se están planteando desde la Administración norteamericana. En ese sentido se aboga por potenciar una mayor diversificación de los mercados, donde Europa se mantiene como el principal cliente y es muy lenta la apertura de nuevos mercados importantes en terceros países.

En materia de comercio, Agricultura plantea a la nueva Presidencia avanzar en los procesos relacionados con la revisión de los reglamentos sobre las prácticas comerciales desleales en el marco de la Cadena Alimentaria con el objetivo de potenciar en la misma la posición de agricultores y ganaderos frente a la industria y, especialmente, la gran distribución. Se trata de una medida sobre la que la Administración española ya dio algunos pasos importantes, como la obligatoriedad de los contratos por escrito y la prohibición de la venta a pérdidas, si bien la realidad es que el productor, por su elevado minifundismo y por la venta en muchos casos de productos perecederos, se ve abocado a vender a lo que se le pague con tal de no perder todo el valor de su mercancía por ser el eslabón más débil de la cadena.