La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCLM en Toledo ha inaugurado la vigesimotercera edición de las Jornadas Constitucionales, un evento que se celebra este año con el título de Tribunal Constitucional y vida humana. Un debate permanente, un encuentro que aborda las recientes sentencias sobre el aborto y la eutanasia, dos ámbitos en los que «se ha confirmado su constitucionalidad».

El derecho a la vida representa «un tema nuclear» dentro del conjunto de derechos fundamentales que la Constitución consagra. Tales son los casos tanto de la sentencia sobre la ley del aborto, una cuestión abierta desde 2010 y que ha requerido de trece años para su resolución, «creo que la que más tiempo ha tardado», como la que regla el final voluntario de la vida bajo determinadas condiciones de deterioro de la salud.

Las jornadas «analizan la problemática actual» del Derecho constitucional a través de «una perspectiva amplia y comparada», explica Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM, lo que extiende el foco del debate a realidades que va más allá de España. Respecto a la problemática legal sobre el aborto, el también codirector del evento recuerda la una «sentencia muy interesante» desde el punto de vista jurídico que se produjo en Estados Unidos en 2022, un fallo que «cambió absolutamente su jurisprudencia anterior» en esta materia.

Más de un centenar de alumnos, incluyendo estudiantes de grado y máster, participan de un evento que reúne a juristas de prestigio como el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Aragón Reyes; el magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo o el magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Constitucional en la UCLM Eduardo Espín.

LA HIPOTÉTICA REFORMA. La posibilidad de reformar el texto constitucional español emerge como un reto difícil de abordar por la necesidad de hacerlo a partir de un acuerdo suficientemente amplio. «Hay cosas que se pueden cambiar, para las que hay consenso en la cuestión, pero no en el momento».

Revorio refiere dos posibles modificaciones que afectarían tanto a la preferencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria como al  término disminuidos, un concepto «tan sumamente obsoleto» que merece su permuta. Durante la legislatura precedente, «había un proyecto con un texto» para remover la «anticuada» denominación y  cambiarla por personas con discapacidad. Sin embargo, el propósito acordado no llegó a buen puerto. «Nadie ha cuestionado este texto, pero nadie se pone a abrir de verdad la reforma constitucional».

Cambiar la Carta Magna para que no haya distinción por sexo en la sucesión a la jefatura de España es otra demanda que, en principio, recabaría un alto grado de acuerdo dado que la previsión que la Constitución explicita «no deja de ser una contradicción con el principio de igualdad». Según Revorio, ambos casos generan «acuerdo en el qué, pero no en el cuándo ni en el cómo».