Juan Carlos, guardia civil, y Roberto, profesor de pádel, coincidieron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Ambos afirmaron no conocerse, sólo de vista, pero figuran en la acusación definitiva de la Fiscalía como presunto autor e inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Juan Carlos, guardia civil destinado en 2019 en la agrupación de tráfico de Ocaña, se enfrenta a la petición definitiva de la Fiscalía de tres años de prisión y a la pérdida de la condición de agente, por la presunta comisión de ese delito de descubrimiento y revelación de secretos. El procesado, según la acusación del ministerio público, consultó la base de datos de la Benemérita para informar a Roberto sobre la nueva pareja de su exesposa.

La versión del agente de la Guardia Civil es muy contraria. El procesado afirmó que no conocía siquiera al exmarido de la denunciante, aunque sí al padre. Juan Carlos acudía al club de pádel regentado por esta familia. Con ese vínculo, el padre de Roberto pidió al guardia civil, con más de 30 años de ejercicio en el cuerpo sin una mancha, que temía que el novio de su exnuera tuviera vínculos terroristas y el peligro derivado para sus tres nietos.

 El agente reconoció que consultó los datos por curiosidad por el estado de agitación de Antonio, pero aseguró que no compartió con nadie el contenido.

Como peritos del juicio, comparecieron los agentes de la Guardia Civil que comprobaron los accesos a la base de datos SIGO de la Benemérita. Así, confirmaron la entrada del procesado y la consulta de la ficha de la nueva pareja de la exnuera de Antonio.

Precisamente, la mujer expresó, como testigo del juicio, que convive desde hace cinco años con las amenazas de Roberto y su familia por el divorcio. El origen de la denuncia se debe a que su exmarido le envió un mensaje con el nombre y el número de matrícula del coche de su nueva pareja. En esas fechas, el guardia civil había accedido a la base de datos SIGO.

La acusación de la Fiscalía menciona que, sin justificación alguna, el guardia civil realizó el 8 de junio de 2019 un total de 13 consultas en siete minutos en SIGO,poniendo el nombre completo de la nueva pareja de la mujer, así como otra con el número de matrícula del coche del hombre. Seis días después, repitió la operación en la misma base de datos con el número de matrícula como encabezamiento.

Las defensas de los dos procesados piden para ambos la absolución. El abogado del agente sostiene que la simple consulta no es delito. «No existe prueba de que se lo diera a Roberto», subrayó.