El alcalde de Ocaña, Eduardo Jiménez, reunió el lunes por la tarde en el Ayuntamiento a los hosteleros de la plaza Mayor, zarandeados como toda la localidad por la reciente difusión del auto judicial que obliga a la suspensión de las actividades molestas por la celebración de actos festivos y musicales que excedan los límites ordinarios de ruido. Los dueños de los negocios han iniciado las movilizaciones y colaborarán todos los comercios de la zona con una próxima recogida de firmas entre los vecinos del municipio.

El auto, fechado el 13 de julio por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo aunque difundido por el Ayuntamiento el pasado día 3, pone en jaque la celebración de las Navidades en la plaza Mayor, un Bien de Interés Cultural extraordinario de más de 3.000 metros cuadrados de superficie. «Sería la ruina de muchos negocios», sostiene al respecto Joaquín García, uno de los hosteleros y vecino a su vez de una de las joyas patrimoniales de la provincia.

Los dueños de los negocios calculan que media docena de actos previstos para esas semanas quedarán suspendidos, pero de momento el Ayuntamiento desconoce qué actividades quedarán canceladas en el emplazamiento original. Entre las que peligran en el centro histórico de Ocaña, figura la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos.

«Habrá gente que tenga que cerrar», prevé Joaquín por las consecuencias de la decisión judicial, una medida cautelar a raíz de una demanda por los ruidos y la petición expresa de una resolución preventiva presentada por una familia que reside en la misma plaza Mayor. Los despidos de personal planean también por estas medidas cautelares que afectan también a la disposición de mesas de los negocios en la calle.

Joaquín García subraya que los 25 negocios que comparten espacio en la plaza Mayor se han unido para la recogida de firmas. Se trata de nueve bares y de comercios de diferentes sectores como peluquería, inmobiliaria o loterías. Los perjudicados buscan ya asesoramiento y representante jurídico para atajar la repercusión de la decisión judicial.

El propio hostelero ponía como ejemplo a una tía suya nonagenaria que vive también en la misma plaza Mayor y no se ha quejado nunca de los ruidos. «No lo entendemos», recalca Joaquín sobre la motivación de la familia contra los ruidos en el recinto BIC. Y apostilla: «Y no entendemos las medidas cautelares».

El hostelero ocañense apunta también que muchos negocios de los alrededores viven también del bullicio generado en torno a la plaza Mayor, que alberga por ejemplo las procesiones de Semana Santa, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

El juez sostiene que los actos ruidosos atentan contra derechos fundamentales

El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo da la razón a las demandantes sobre la adopción de las medidas cautelares después de sopesar las alegaciones de las partes. «Obligar a una familia a abandonar su domicilio porque el Ayuntamiento quiera organizar un concierto o un espectáculo similar en dicha plaza, o bien quedarse y soportar niveles de ruido inadmisibles, atenta contra derechos fundamentales básicos, como  el derecho a la libertad, a la intimidad familiar y a la inviolabilidad del domicilio, e incluso a la integridad física si no se van», sostiene.

El auto dispone expresamente el acuerdo de la suspensión, hasta una sentencia firme, de las actividades molestas por la celebración de eventos festivos y musicales de cualquier índole (relativos a conciertos y actividades multitudinarias con música y sonido que exceda de los límites ordinarios), incluidas las fiestas patronales en la plaza Mayor, y su reubicación en lugar apropiado conforme a la entidad de las molestias generadas por ruidos. En este sentido, aclara que pueden realizarse otro tipo de actividades culturales, con respeto a la normativa sobre espectáculos públicos, ruido y horarios.

El auto judicial detalla que las medidas cautelares solicitadas tienen como antecedente en Castilla-La Mancha un proceso muy similar ocurrido en el municipio de Puerto Lápice (Ciudad Real). Además, el Tribunal Superior de Justicia de la región se ha pronunciado cuatro veces con sentencias relativas al problema del ruido en las fiestas patronales y las quejas vecinales.

«Causa cierto sonrojo que el Ayuntamiento exprese la idea de que el juzgado a lo más que podría obligar a es exigir el cumplimiento de horarios y a evitar que se causen molestias, como si el Ayuntamiento no supiera que debe cumplir la normativa de aplicación en materia de espectáculos públicos, ruido y horarios, y que alguien, un tribunal, debe recordárselo», valora.