La relación de puestos de trabajo de la Delegación Provincial de Bienestar Social contempla 44 auxiliares administrativos, pero solo están trabajando 30. También falta personal técnico; el juez de menores ya apuntó la necesidad de reforzar la plantilla para atender las sentencias «y lo reforzaron con lo mínimo, dos técnicos, cuando se necesita por lo menos doblar la plantilla para tener una resolución ágil y poder cumplir las sentencias judiciales». El servicio de Informático pasó de siete, después a tres, hasta ninguna persona, hasta que por fin hay una. Los servicio de Personal y el de Infamación y Registro están al cincuenta por ciento y las pensiones no contributivas «tienen un gran atasco porque falta personal y el IMS está a punto de colapsar, esta es una cuestión estructural, que va desde la planta menos uno a la dos».
Así lo explicaba a las puertas de la Delegación el presidente de la Junta de Personal Funcionario de la Provincia, formada por todos los sindicatos, Gustavo Fabra, durante una concentración de trabajadores que hacía una doble denuncia, por un lado la preocupante falta de personal en las delegaciones, que está provocando «un colapso», así como los intentos del Gobierno regional de privatizar los servicios de la Delegación.
«Exigimos que se cubran las vacantes que hay ahora mismo en la Delegación, que se han ido produciendo con distintos procesos de concurso, traslados y distintas formas de provisión, y que están provocando que expedientes que suponen derechos para la ciudadanía más vulnerable de Castilla-La Mancha estén en la mesa sin poder ser tramitados», explicó Fabra.
Esta falta de personal, apuntan los funcionarios, es problema estructural, que se está dando en todas las delegaciones, principalmente, en los servicios de Atención a la Ciudadanía y «suponen un retroceso en la calidad del servicio que debe dar la administración pública».
Privatización. Esta falta de personal, denunciaba Fabra «se hace con premeditación, no es una cosa coyuntural, sino que prevemos que el Gobierno de García-Page tiene entre manos una gran privatización de los servicios públicos». Será a través de la Ley de Simplificación Administrativa, en información pública.
Esta «pretende crear unas entidades colaboradoras, que son empresas, para realizar directamente los trámites que no se están produciendo». Pero el colapso, apuntó Fabra, no es culpa de los funcionarios, «sino que es porque no hay personal, porque el Gobierno no cubre las plazas vacantes».