Ya veremos si la voz de Feijóo pudo desbordar las siglas del PP sobre la ola de la transversalidad del cabreo por los oportunistas apaños del ya investido presidente del Gobierno con los independentistas catalanes. No han caído en saco roto sus gestos de buen perdedor: reconocimiento expreso de la legitimidad del presidente salido de la sesión de investidura y su televisado acercamiento al escaño de Sánchez para felicitarle un minuto después de que la presidenta del Congreso diera a conocer el resultado de la vocación (179 "síes" frente a 171 "noes"), sin dejar de señalar el problemón que se nos viene encima ("Esto es una equivocación", le dijo).
Una vez constatada la elegancia de quien se dispone a ejercer su papel institucional al frente de la oposición para una legislatura que se avecina bronca, me atrevo a poner en duda que, después del no menos bronco debate parlamentario, se avecine un tiempo marcado por la estabilidad garantizada por Sánchez en sus intervenciones.
Quien promete estabilidad es el pirómano dispuesto a apagar el incendio que él mismo ha provocado. Como un dios menor, se eleva sobre el malestar de la gente para imponer una impostada certeza de que todo volverá a su cauce después de las generalizadas protestas sobre el ya perpetrado canje de amnistía por investidura.
Será por el bien de España, dice el discurso oficial. mientras sus difusores mediáticos celebran el retorno del independentismo al perímetro de la Constitución. Pero eso no se ajusta a la realidad. Sin ir más lejos, bastaba escuchar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, este jueves en la BBC, explicando a los ingleses el conflicto entre dos naciones, España y Cataluña, sin atenerse para nada a los preceptos de reforma constitucional que serían necesarios para encajar las pretensiones segregacionistas en el vigente ordenamiento jurídico.
Hasta las losetas del Palacio de la Moncloa saben que el supuesto reencuentro de Junts y ERC con los acogedores marcos legales de nuestro Estado de Derecho viene condicionado por exigencias que tensionan los límites de la legalidad. Además, son vistos por los independentistas solo como pasos previos en el camino hacia la secesión. El paso más controvertido es el de una amnistía por lo legal.
O sea, pasos hacia la voladura del principio de soberanía nacional única, en medio de la protesta social e institucional que no va a ser abolida con la sensación de normalidad por la formación del nuevo Gobierno.
Y es que en la opinión pública ha calado la percepción de que el Estado ha cedido a las exigencias de sus enemigos por los siete votos de Puigdemont, que Sánchez necesitaba como primer beneficiario de los tratos de su partido con un huido de la Justicia cuya misión en la vida es renegar de España. Y denigrar al Rey, ante el que Sánchez acaba de jurar el cargo.