Los matrimonios duran incluso después de una separación. Es lo que debió de pensar uno de los dos acusados del juicio que se celebrará el miércoles en la sección primera de la Audiencia Provincial. Están citados él y un allegado, de profesión guardia civil. Este se enfrenta a tres años de prisión y a la inhabilitación como agente.

Así lo detalla el escrito de acusación de este señalamiento. El acusado, identificado como R. A. R., se enteró de que su exesposa había iniciado una relación sentimental con otro hombre. Y quiso conocer datos pertenecientes a la esfera privada e íntima del individuo que obraran en las bases de datos de la Benemérita.

Para ello, el procesado requirió, en el año 2019, al también acusado J. C. S. A. que accediera a las diferentes bases de datos policiales aprovechando su condición de guardia civil. El agente, destinado en la agrupación de tráfico de Ocaña, tenía que proporcionar los datos relativos a la nueva pareja de su exesposa.

De esta manera, el guardia civil se valió de sus claves profesionales y de su número de tarjeta de identidad profesional para acceder a las bases de datos sin justificación alguna. El agente realizó 13 consultas entre las 14 y las 14:07 del mediodía del 8 de junio de 2019. Buscó en la base de datos SIGO poniendo en la pestaña el nombre completo de la nueva pareja de la mujer. Así, rastreó posibles señalamientos nacionales vinculados a ese individuo. Además, introdujo también la matrículo del turismo del hombre.

Además, según el escrito de acusación, a las 11:14 de la mañana del 14 de junio 2019, el guardia civil accedió nuevamente a la base de datos SIGO e introdujo de nuevo la matrículo desde un segundo terminal informático.

La Fiscalía considera estos hechos como un delito de descubrimiento y revelación de secretos y considera ambos procesados como coautores.

De esta manera, el acusado figura como inductor, y el guardia civil como autor. Por todo ello, solicita dos años de prisión para el exmarido y una multa de 14 meses, con una cuota diaria de 12 euros. Respecto al guardia civil, el ministerio público pide tres años de cárcel y una multa de 18 meses y tres días, así como la inhabilitación absoluta, con la pérdida definitiva de la condición de guardia civil, por un tiempo de siete años.

Como testigo del juicio en la Audiencia Provincial, que comenzará el miércoles a las 9:45 de la mañana, figuran la exposa y su pareja, el perjudicado.