La exalcaldesa de Ocaña Remedios Gordo bebía de una botella de agua segundos antes del inicio del juicio. A su lado, su marido, Julio Jiménez , se acompañaba también de un bidón. Por delante, quedaban tres horas de un cruce constante de acusaciones y réplicas. Por un lado, la fiscal y el Ayuntamiento piden tres años y medio de prisión e inhabilitación para cargo público para la exregidora; por otro, la defensa proclama su inocencia. La acusada aportó su granito de arena a su favor en el turno de última palabra, delante de la magistrada María Jiménez: «Es una persecución absolutamente política».

La causa quedó vista para sentencia a las 14:30 horas. Los procesados aprovecharon el último turno de palabra e incidieron ambas en el origen político de la denuncia. «Para hacer daño a mi mujer», expuso Julio al borde mismo de las lágrimas. En este sentido, la exalcaldesa mencionó las consecuencias «psicológicas y laborales» de este procesamiento penal.

Remedios Gordo, del Partido Popular, ejerció como alcaldesa de Ocaña entre los años 2011 y 2019, y se presentó, sin la reválida deseada, en las penúltimas elecciones municipales. El socialista Eduardo Jiménez relevó a la política 'popular' en el cargo. Y sigue al frente.

El Ayuntamiento de Ocaña presentó la denuncia por el complemento del salario de Julio Jiménez  en 2021. El origen de la causa se debe a la orden verbal dada por la alcaldesa de un incremento en la retribución del archivero adjunto, su marido. El empleado público con categoría laboral percibió entre febrero de 2016 y octubre de 2019 este incentivo, que supuso para el Consistorio el desembolso de 10.342,60 euros.

Los dos acusados rechazaron contestar al abogado de la acusación particular, representante del Ayuntamiento de Ocaña. Julio ejercía desde 2008 como archivero adjunto del Consistorio. Gordo justificó la concesión del complemento por «el trabajo excesivo» y por encima de sus funciones tras la jubilación de la funcionaria en 2015.

«Nadie me advirtió ni verbal ni por escrito de que era necesario un informe jurídico», subrayó la exalcaldesa, quien ordenó este aumento a la tesorera municipal. Al respecto, indicó que se trataba de una práctica habitual, como ocurrió simultáneamente con otros trabajadores municipales.

«Nunca hubo un procedimiento reglado», indicó Gordo, quien recalcó que no fue un trato de favor a su marido. «Hacía funciones superiores a su cargo», manifestó.

Julio reprochó que la Junta de Gobierno Local eliminó este complemento solamente a él. Por eso, denunció ante el Juzgado de lo Social, que rechazó sus argumentos.

La tesorera municipal confirmó que recibió la orden de la alcaldesa de forma verbal para aplicar el complemento porque Julio supervisaba unas obras en una iglesia de Ocaña e indicó que estos complementos se cobran durante un periodo corto de tiempo de uno o dos meses; con más duración, precisa de un informe jurídico. El archivero adjunto siguió cobrando el complemento tras la finalización de las obras.

La secretaria del Ayuntamiento, jubilada recientemente, afirmó que desconocía por entonces que el archivero adjunto cobraba ese complemento de productividad y señaló que el informe legal para el cobro era preceptivo.

La defensa subraya que no hay un certificado de la secretaria municipal de que fuera ilícito el complemento. «Si se reprocha la forma de actuar, es una cuestión de todos», afirmó la letrada por la cadena de silencios en la advertencia de la necesidad de un informe jurídico. La abogada hizo hincapié en que la causa debiera haberse resuelto en el contencioso-administrativo y no por la vía penal.

La Fiscalía, que considera que hubo una concesión «graciosa y unilateral», y el Ayuntamiento de Ocaña coinciden en la reclamación de una sentencia condenatoria con las mismas penas. En el caso de Gordo, piden tres años y seis meses de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años por un delito de malversación de caudales públicos, además de diez años de inhabilitación también por un delito de prevaricación administrativa. Asimismo, la acusación particular reclama una indemnización al Consistorio por la responsabilidad civil de 10.341,60 euros, la cantidad desembolsada por el municipio para costear el complemento de productividad.

La Fiscalía considera que Gordo actuó con ánimo de favorecer a su marido como archivero adjunto en el propio Ayuntamiento de Ocaña. Así, sostiene que vulneró conscientemente las normas de contratación administrativa, concretamente la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en 2011 y derogada 2017.

La petición de penas de la Fiscalía y la acusación particular alcanza también al marido de Remedios Gordo. De esta manera, piden contra él dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario del delito de malversación de caudales públicos.