El exalcalde socialista de Hormigos Basilio Damián Solórzano deberá esperar al menos hasta el 17 de septiembre para coprotagonizar el juicio suspendido ayer de nuevo. Se trata del tercer aplazamiento en 15 meses en la Audiencia Provincial; en esta ocasión, por la incomparecencia de tres testigos perito como arquitectos del Departamento de Calidad del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha y otros dos testigos. Como acusado, figura igualmente el exarquitecto municipal Luis Lasso.

El personal de auxilio de la Audiencia Provincial nombró a los abundantes testigos del juicio, pero apenas hubo respuestas. La mayoría se ausentó de la citación. Por todo ello, la jueza María Jiménez consultó con la fiscal, los abogados de la defensa y con la acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Hormigos, la suspensión de la vista hasta el 17 de septiembre. Los dos señalamientos anteriores, en enero y junio de 2023, quedaron aplazados por convocatorias de huelga de los letrados y los funcionarios de Justicia.

El Ayuntamiento de Hormigos pide dos años y medio de prisión  y 12 años y medio de inhabilitación para cargo público contra Basilio Damián Solórzano y Luis Lasso por un delito continuado contra la ordenación del territorio.

Por su parte, la Fiscalía pide una pena de 18 meses de prisión, una multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros e inhabilitación de 8 años para empleo y cargo público contra el exalcalde de Hormigos por un delito contra la ordenación del territorio, misma acusación que dirige contra el exarquitecto municipal entre los años 2005 y 2009.

La acusación pública detalla que la empresa Alfalex Gestión Inmobiliaria  solicitó autorización al Ayuntamiento de Hormigos en septiembre de 2007 para un estudio de detalle para la ordenación de los terrenos ubicados en la prolongación de la calle de Zarzamora y la calle de Cedillo, de nueva creación.

Estos terrenos, según la calificación urbanística de las normas subsidiarias de planeamiento de Hormigos, vigentes desde su aprobación definitiva en diciembre de 1980, era de suelo rústico de reserva. El secretario municipal informó desfavorablemente el 4 de octubre de 2007 por la necesidad de someter el trámite a información pública de 20 días, al informe técnico jurídico de la Comisión Provincial de Urbanismo y a la aprobación del Ayuntamiento.

No obstante, el exalcalde, quien rigió durante 24 años, dictó un decreto que aprobaba el estudio de detalle presentado por Alfalex Gestión Inmobiliaria. «Prescindiendo así absolutamente del procedimiento legalmente establecido», acusa la Fiscalía, que añade que el secretario del Ayuntamiento había advertido de ello.

Por su parte, según la misma cusación de la Fiscalía, el exarquitecto municipal emitió un informe urbanístico en noviembre de ese año en sentido favorable. «Señalando que la parcela pertenecía al suelo urbano consolidado del nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), y ello aun siendo consciente de que dicho plan acababa de ser inicialmente aprobado por el Ayuntamiento el 22 de mayo de 2007 y no entraba en vigor hasta su aprobación definitiva», indica la acusación del ministerio público.

Alfalex solicitó en octubre de 2007 licencia para construir en los terrenos 10 viviendas unifamiliares adosadas, solicitud informada favorablemente por el exarquitecto municipal en noviembre de ese año en aplicación de un POM no vigente y contrario a la calificación urbanística de las vigentes normas subsidiarias de planeamiento.

El informe emitido por el Departamento de Control del Colegio Oficial de Arquitectos de CLM informaba ya del proyecto básico de ejecución de las 10 viviendas, en el que indicaba que el estudio de detalla y el Plan de Ordenación Municipal estaban pendientes de aprobación; además del informe desfavorable del secretario municipal.

Sin embargo, el exalcalde dictó decreto a Alfalex Gestión Inmobiliaria para la construcción de las 10 viviendas en terrenos rústicos de reserva, según la Fiscalía.