Poco después de cumplirse los primeros 100 días de los gobiernos de coalición de PP y Vox surgidos de las elecciones del 28M, las relaciones entre los socios son tensas en algunos territorios y fluidas en otros. Así, la misma semana, Vox frenó los presupuestos de Baleares pero alcanzó un acuerdo con los populares para integrarse en el Ejecutivo de Valencia.

Vox sufrió la primera baja de un consejero autonómico a principios de octubre. Fue la de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Camino Limia, y su salida avivó los rumores de crisis en el Ejecutivo extremeño, cuya formación ya fue convulsa por la negativa inicial de María Guardiola a incluir a los de Santiago Abascal en el gobierno autonómico.

Limia adujo «motivos personales» para dimitir, pero hubo dudas sobre los motivos por los que renunció a su cargo. Eso sí, la propia Guardiola, el sustituto de la consejera, Ignacio Higuero, y el partido a nivel nacional negaron en todo momento que existiera crisis alguna en el Ejecutivo extremeño.

Desde entonces, el episodio más tenso se vivió la pasada semana en Baleares, donde el PP gobierna en solitario en virtud de un acuerdo programático con Vox. Los de Santiago Abascal decidieron el día 17 no apoyar la propuesta de techo de gasto de los populares en respuesta a la abstención del PP en una iniciativa suya sobre la elección de lengua en Infantil y Primaria. Tras ello, el Govern balear y Vox se acusaron mutuamente de no cumplir los acuerdos de investidura.

El PP quería introducir tres enmiendas a la propuesta de Vox, pero las registraron tarde y no fueron debatidas. Desde el partido de Santiago Abascal hicieron hincapié en que enriquecían el texto y lo más probable era que salieran adelante. En referencia al techo de gasto, Vox quería bajarlo un poco y estaban a la espera del debate, pero tras la abstención la portavoz en el Parlament, Idoia Ribas, tomó la decisión de no apoyar la propuesta popular.

Ni crisis, ni desencuentro 

Con todo, en Vox insistían la pasada semana en que no hay crisis con el PP y tampoco «desencuentro». Eso sí, los derechistas en Baleares subrayaban que la «recuperación de la libertad lingüística» en Baleares «está pactada» y, de hecho, condicionan la calendarización de la elección de lengua a «desencallar» la aprobación del techo de gasto.

Por su parte, el PP balear niega que haya cambiado su postura en relación a la iniciativa sobre las lenguas, pero dice que no puede apoyarla en los términos en los que se votó inicialmente. Ambos se encuentran a la espera de abordar el asunto formalmente.

Además, la situación en Baleares provocó la sustitución del portavoz adjunto de Vox en el Parlament. Ribas designó a Sergio Rodríguez por Francisco José Cardona, partidario de apoyar al PP.

En este contexto, el vicepresidente del Govern balear y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, consideró que «es evidente que hay una crisis interna en el grupo parlamentario de Vox» y afirmó que esperaba que «cumplan con la palabra dada».

Discrepancias

Mientras, en la Comunidad de Madrid, la tensa relación entre PP y Vox viene de largo, pero en las últimas semanas las tiranteces se escenificaron. Fue en un pleno de la Asamblea a cuenta de una iniciativa de Vox para exigir a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el pin parental y la revisión de los libros de texto de los colegios. El PP se abstuvo. «Ayuso mantiene el adoctrinamiento en las aulas», se quejó Vox.

Además, Vox sufrió un desencuentro con Foro Asturias, con quien compartían el Gobierno de Gijón formando un tripartito con el PP. El anuncio de la concejala de Festejos, Sara Álvarez Rouco, de Vox, de hacer cambios en el Festival Internacional de Cine de la ciudad (FICX) desembocó en la ruptura del pacto de gobierno. La alcaldesa de la localidad asturiana, Carmen Moriyón, puso fin al acuerdo horas después de que la edil planteara abrir el FICX a más públicos, acorde a la línea de su partido, y alejarlo de «sesgos y partidismos» y afirmó que se premiarían cintas que incluyeran «los valores de Vox». Moriyón, al romper el pacto, alegó que su socio de gobierno no había sido capaz de ejercer las responsabilidades que les otorgaron los ciudadanos y, además, los de Abascal habían «antepuesto sus siglas al interés general».

Esta crisis provocó también que el concejal de Vox Oliver Suárez abandonara el partido tras acusarle Álvarez Rouco de «deslealtad» por, en palabras del concejal, «apelar al diálogo con los socios de Gobierno». Suárez se marchó criticando a su formación: «Ahora son los tiempos del ordeno y mando, sin posibilidad ni de que te escuchen».

Buena sintonía

Sin embargo, y paralelamente, el PP y Vox cerraron un acuerdo por el que los ediles del grupo municipal del partido de Abascal en Valencia entran a formar parte del equipo de gobierno de la popular María José Catalá.

Casi cinco meses ha sido el tiempo en el que el PP ha podido gobernar en minoría, con 13 de los 33 ediles en el consistorio de la capital valenciana. Unos meses que han acabado ante la necesidad de los populares de los votos de los cuatro ediles derechistas para aprobar temas como las ordenanzas fiscales y los próximos presupuestos municipales, para lo que se requieren mayoría absoluta.

Tras 15 días de negociaciones, Vox entró en el equipo de Gobierno con tres áreas y diez delegaciones. Entre estas competencias figuran Empleo, Emprendimiento y Formación, Parques y Jardines, Devesa-Albufera, Playas, Agricultura, Familia, Juventud, Infancia, Mayores, Sanidad y Consumo y Tradiciones, que incluye fiestas, aunque no las Fallas, que siguen en manos del PP. Además, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juanma Badenas, es segundo teniente de alcalde.

Altibajos nacionales

A nivel nacional, el binomio PP-Vox también ha atravesado momentos delicados y la tensión alcanzó su punto álgido cuando el apoyo de los 33 diputados de la formación de Abascal en la investidura de Alberto Núñez Feijóo estuvo en entredicho tras la sesión constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso.

La relación se enrareció por la decisión popular de no ceder un puesto en la Mesa del Congreso a los derechistas, que entendieron ese gesto como un intento de hacerles un «cordón sanitario». Esta circunstancia sentó mal en el seno del partido, que destacó entonces la «evidente falta de generosidad» de sus socios, en contraste con la suya propia, puesto que habían asegurado sus votos para una investidura de Núñez Feijóo, como confirmaron en la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados a finales de septiembre.

Tras ello, el líder de Vox pidió al PP poner en valor públicamente los acuerdos suscritos para cinco gobiernos autonómicos y un centenar de ayuntamientos y trabajar para «recuperar las instituciones y la normalidad democrática».

Los populares atendieron sus requerimientos y Núñez Feijóo aseguró que el PP mantiene una «relación de normalidad democrática» con ellos, les agradeció su apoyo y remarcó que trabajan juntos en diversos ejecutivos, asegurando que esta «colaboración» se mantendrá.