El director de la sucursal de la antigua Caja Castilla-La Mancha en Las Herencias entre enero de 2000 y febrero de 2013, identificado por las iniciales F. A. M., se enfrentará el martes en la Audiencia Provincial a la petición de seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito de falsedad en documentos mercantiles. Como alternativa, la Fiscalía plantea también un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documentos mercantiles. El ministerio público cuantifica en 37 los clientes perjudicados.

El escrito de la Fiscalía detalla que se aprovechaba de la confianza de los vecinos de Las Herencias por su condición de director de la sucursal. «Se apoderó del dinero que los clientes mantenían en el banco, apropiándose de sus fondos sin contar con la autorización de sus dueños, recogiéndoles la firma en documentos en blanco, que servían después como soporte documental interno para la disposición de efectivo de las cuentas, así como disponiendo directamente de los fondos sin entregar ningún tipo de documento justificativo, o disponiendo de los ingresos en efectivo que hacían los clientes, quedándose con ellos», detalla el ministerio público.

Asimismo, añade en la acusación que los clientes solicitaban información de saldos, actualizaciones de libretas o justificantes de operaciones. Entonces, el acusado, según la Fiscalía, les entregaba libretas cumplimentadas a máquina de escribir, así como impresos manipulados con sello y firma de la entidad bancaria.

La Fiscalía indica que el acusado realizaba estas operaciones desde su puesto de director de forma directa, usando las claves de otros compañeros durante su ausencia, o indirecta mediante órdenes a empleados subordinados.

Los clientes perjudicados, según la Fiscalía, fueron 37, entre ellos la Hermandad del Cristo de la Vera Cruz y la Asociación Peña Madridista. 1.066.305 euros correspondieron a disposiciones indebidas de 29 clientes. Se han repuesto fondos a 27 clientes por un importe de 1.003.305 euros y queda pendiente la de dos por 63.000 euros.

Por su parte, 697.197,55 euros se debieron a las operaciones de activo de cinco clientes con cancelación registral pero no económica de la deuda. Y 6.192,42 euros por los descubiertos ocasionados en las cuentas de tres clientes.

Como responsabilidad civil, el acusado debe indemnizar, según la Fiscalía, con 1.072.497,42 euros a la entidad bancaria, más 697.197,55 euros y 6.192,42 euros, con responsabilidad personal subsidiaria del banco de las cantidades no abonadas a los perjudicados.