Algo más de un centenar de empresas de transporte por carretera de la provincia de Toledo se han visto afectadas por las protestas de los agricultores en Francia, según las estimaciones de la Federación de Empresarios de Transporte de Castilla-La Mancha (Fetcam). La crisis de los tractores en el país vecino ha provocado cortes de carretera en autopistas y vías secundarias, además de la destrucción de la carga de algunos camiones procedentes de España. La cifra de vehículos de origen toledano retenidos en territorio galo se sitúa en torno al centenar y medio. Algunos transportistas aguardan desde la semana pasada a que se resuelva un bloqueo que en las últimas horas se ha intensificado.
La protesta de los agricultores franceses castiga a uno de los sectores más intensivos en mano de obra de la economía provincial. Aunque el coste económico de la crisis, aún abierta, es «difícil de cuantificar», asegura Paco Martín Cameno, secretario general de Fetcam, la patronal del transporte cifra en unos 12 millones de euros diarios la factura para el conjunto de las empresas españolas. Medio millar de empresas de Castilla-La Mancha tienen parte de su flota parada al otro lado de los Pirineos , lo que supone el estacionamiento indefinido de unos 650 o 700 camiones.
El daño no solo se limita a Francia, sino a la práctica totalidad del continente: el territorio galo es la zona de paso terrestre de los envíos hacia los espacios septentrional y oriental de Europa, una circunstancia que explica la dependencia de sus carreteras por parte de los camioneros españoles.
Más allá de los cortes de carreteras o de las marchas lentas de tractores que ralentizan el tránsito, los transportistas se quejan de los actos violentos de vandalización de la carga que portan en sus camiones. La patronal regional se muestra comprensiva con «las medidas» que reclaman los productores franceses, aunque discrepa de las expresiones más violentas. La quema de algunos vehículos y el volcado del contenido de otros son dos graves formas de perjucio para las empresas y autónomos que se dedican a la movilidad internacional de mercancias. La carga de un camión con productos hortofrutícolas puede ascender «hasta los 40.000 o 50.000 euros». En el caso del camión, su coste se estima en la franja comprendida entre los 180.000 o los 200.000 euros. La posibilidad de que los piquetes más violentos ataquen a un activo tan caro «puede suponer la ruina de una familia».
Martín Cameno defiende la «competitividad» del transporte español por carretera. Pese al «menoscabo de «los 2.000 kilómetros» extra que alejan la península ibérica del norte de Europa, el desempeño de los profesionales locales permite diluir el coste añadido que supone la distancia, además de otras trabas -en forma de regulaciones- que países como Francia impone a los camioneros procedentes de España.
El sector confía en la pronta suscripción de un acuerdo entre las autoridades francesas y los agricultores en huelga que resuelva el episodio crítico.
ASEGURAR LA CARGA. La patronal regional del transporte por carretera reclama la creación de un fondo europeo de compensación de seguros para asegurar la carga en casos de deterioro o desaparición por razones violentas.
Desde Fetcam aluden a las dificultades de justificar, tanto ante el comprador como ante el seguro, las pérdidas de mercancia. En el caso de Francia, los camiones con frutas o verduras procedentes de España han sufrido diferentes episodios de violencia a lo largo de las últimas décadas.