El pasado 15 de junio, 18 días después de 'perder' las elecciones municipales, Milagros Tolón, en calidad de alcaldesa en funciones, presidió una Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo donde se acordó «desistir» del proyecto de implantación del sistema integral de movilidad urbana sostenible y eficiente de Toledo (Simuset) financiado con 3,1 millones de euros de fondos Next Generation de la Unión Europea. El expediente no explica por qué se aconseja ni por qué se acepta la renuncia. Solo indica que un presunto comité antifraude alertó de un posible «riesgo» porque solo se había presentado un licitador. Sin embargo ese asesoramiento pasa por alto que la empresa implicada (SICE) lleva trabajando para el Ayuntamiento cuatro legislaturas y que ha sido habitual encontrar cada semana adjudicaciones a dedo (negociado sin publicidad bajo la excusa de imperiosa urgencia) para las que nunca se han puesto pegas.

El expediente recuerda que en diciembre de 2022 se firmó un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento para poner en marcha el proyecto Simuset (estaba pensado para controlar, medir y gestionar todo aquello que tiene que ver con el tráfico rodado) con cargo al Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos de la UE.

En marzo de 2023 se publicó el anuncio de licitación  con un presupuesto de 3.108.618 euros y un plazo para la presentación de ofertas hasta el 15 de mayo de 2023. Siguiendo la normativa que regula la gestión de los fondos Next Generation, todos los implicados en el procedimiento declararon (y firmaron) la ausencia de conflicto de intereses.

Finalizado el plazo, solo se presentó la oferta de la empresa 'Sociedad Iberica de Construcciones Electricas SA' (SICE) y resulta que el Plan Antifraude del Ayuntamiento de Toledo establece como «bandera roja en el ámbito de los contratos» aquellos casos donde solo concurre una única oferta.

Ante tal circunstancia entró en juego «el Comité Antifraude» (el plan antifradude lo llama comisión, por lo tanto no queda claro si es lo mismo) que consideró «conveniente realizar una evaluación de riesgo y seguimiento de medidas correctoras en materia antifraude».

Dicen que una «bandera roja representa un aviso de que algo inusual ha ocurrido y que no se corresponde con la actividad normal y rutinaria de la entidad, constituyéndose como señal de alarma, pista o indicio de posible fraude. Constituye, por tanto, una señal de que algo se sale de lo habitual y necesita ser examinado con más detenimiento y a adoptar las medidas necesarias para confirmar o negar que existe un riesgo de fraude».

Pues bien, ese Comité Antifraude municipal, en una reunión del 22 de mayo de 2023 (antes de las elecciones) analizó el expediente y llegó a unas conclusiones (no se informa de ellas) por las que «se recomienda desistir del procedimiento», sin más explicaciones.

Casi un mes más tarde, pasadas (y perdidas) las elecciones, la Junta de Gobierno aceptó la recomendación del Comité Antifraude acordando «desistir del procedimiento» para el proyecto Simuset.

La medida parece extrema porque según el plan antifraude si se declara bandea roja por un solo licitador lo que debe hacerse es «disponer de procedimientos que garanticen los principios de libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato. Verificar que las especificaciones de la licitación no son demasiado excluyentes. Establecer y dar publicidad a un sistema de denuncias de los comportamientos supuestamente fraudulentos». Por lo visto, según este comité o comisión, todo esto no se ha cumplido.

La Comisión Antifraude está constituida por una diversidad de «miembros estables» de varias áreas municipales (Concejalía de Fondos Europeos; Secretaría General, Intervención, Órgano de control presupuestario, Secretaría de Pleno, Área de Gestión y Servicios Generales, Tesorería, Unidad gestora de fondos del PRTR) que son «conocedoras de los diferentes procedimientos de la gestión y con elevada experiencia en fiscalización y control».