El Consejo Constitucional francés anuló este jueves una parte significativa de la polémica ley de inmigración, incluidos el delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales.

También figuran entre las medidas reprobadas las restricciones al reagrupamiento familiar, la imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros como garantía de que saldrán del país o las restricciones al llamado derecho de suelo en la adopción de la nacionalidad francesa.

Un total de 37 artículos de la ley, referida a los migrantes extracomunitarios, que equivalen al 40%, han quedado anulados total o parcialmente por el Consejo Constitucional, 32 de ellos por razones que se pueden considerar puramente formales.

Esos 32 artículos quedan apartados en aplicación del principio del llamado caballero legislativo, es decir, porque fueron añadidos durante el debate parlamentario al texto del proyecto de ley que presentó inicialmente el Gobierno y no tienen una relación directa con el objeto de ese proyecto inicial.

Se trata de disposiciones impuestas por el partido de la derecha conservadora, Los Republicanos, para obtener su voto, que era necesario para que la ley saliera adelante.

El Gobierno canta victoria

Por eso se explica que uno de los que primero quiso cantar victoria por la decisión constitucional fue el ministro del Interior, Gérald Darmanin, autor del proyecto de ley, que en un mensaje en X subrayó que se ha validado "la totalidad del texto del Gobierno".

Darmanin, además, se regodeó en el que fueron los dos argumentos principales para sacar adelante esta ley: "nunca un texto ha previsto tantos medios para expulsar a los delincuentes y tanta exigencia para la integración de los extranjeros".

LR, el más damnificado por la decisión judicial, reaccionó por boca de su presidente, Eric Ciotti, quien acusó a los miembros del Consejo Constitucional de "juzgar de forma política y no jurídica" y consideró "imprescindible" una reforma constitucional "para salvaguardar el destino de Francia".

El partido de la ultraderecha, la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, aunque durante el debate legislativo había criticado el texto de Darmanin porque a su juicio no era suficientemente duro con los inmigrantes, al final acabó votando a favor una vez que se integraron las enmiendas de LR.

El presidente de la RN, Jordan Bardella, denunció "un golpe de fuerza de los jueces" constitucionales, porque su dictamen "anula las medidas de firmeza con más apoyo entre los franceses".

"La ley de inmigración ha nacido muerta. La única solución es un referéndum sobre la inmigración", insistió en X Bardella, que encabeza los sondeos de intención de voto para las elecciones europeas de junio.

El Constitucional tumba las cuotas de inmigrantes

El Consejo Constitucional tumbó uno de los símbolos de la derecha para controlar la inmigración, la imposición de cuotas de entrada, pero lo hizo por razones de forma.

La censuró porque la ley aprobada definitivamente en diciembre establecía que esas cuotas las fijaría el Parlamento en un debate anual, y los jueces constitucionales señalan que eso atenta contra el principio de separación de poderes, porque a los diputados y senadores no se les puede imponer la organización de su trabajo.

Por el contrario, dio su visto bueno a un dispositivo controvertido que obliga a los extranjeros extracomunitarios que quieran obtener un permiso de residencia que suscriban un contrato por el que se comprometen a respetar los principios de la República francesa.

Es decir, que la autorización administrativa para vivir en Francia implica decir de forma explícita (algo que no tienen que hacer los franceses) que van a respetar las libertades individuales, la libertad de expresión o de conciencia, la igualdad de hombres y mujeres, la Constitución y la integridad territorial francesa.

Y sobre todo, que no se ampararán en sus creencias o en sus convicciones religiosas para sustraerse a las reglas comunes.

La aprobación de la ley de inmigración supuso un giro o al menos una inflexión hacia la derecha del Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, al ceder en muchos puntos de su objetivo inicial para atraerse el favor de LR, y eso a costa de una cierta división entre sus propias filas.

Una división que se tradujo en el voto contra la ley de 27 de los 248 diputados del bloque macronista, los del ala más centrista, además de en la dimisión del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau.

La amplia censura constitucional de la ley abre ahora un periodo de incertidumbre sobre la posibilidad de volver a coser las fracturas dentro de ese bloque, pero también abre el riesgo de una ruptura con LR, cuyos parlamentarios serán necesarios para futuros proyectos legislativos.