Esta legislatura comenzó en las Cortes con dos cambios. Se modificó el reglamento para que se puedan vetar los debates sobre política nacional y se aumentaron las exigencias para presentar debates, con el objetivo de detallar más sobre qué se iba a discutir en cada pleno. Al final ni una cosa ni la otra parece que han tenido el efecto conseguido al cien por cien porque el PP se ha buscado sus artimañas para sortear las nuevas reglas del juego.
Ahora los populares, en lugar de proponer debates, lo que hacen es plantear interpelaciones, que se circunscriben a una partida del presupuesto sin tener por qué especificar mucho más de lo que van a hablar. Eso llevan haciendo en varios plenos y hoy le ha tocado el turno al área de servicios sociales.
El primero en intervenir, que fue el diputado de Vox, Luis Blázquez, reconoció que subía a la tribuna sin saber muy bien hacia dónde iba a derivar el debate. Dijo que le tocaba iniciar el punto «una vez más sin que exista una concreción exacta», pero aprovechó para reclamar más ayudas a la natalidad o a la conciliación.
Entrada de los diputados del PP Moreno Moya, Redondo y Martín Buro. - Foto: Javier PozoAparte del truco del almendruco de la interpelación, el PP también se está esforzando en hilar los temas que lleva a Cortes con la política nacional. El parlamentario José Antonio Martín-Buro se sirvió de que el bloque temático le permitía hablar de Dependencia para reclamar financiación al Estado aireando que quiere para Castilla-La Mancha lo mismo que han firmado partidos de corte nacionalista como PNV en el País Vasco o BNG en Galicia.
Denuncia que estos pactos parala investidura de Pedro Sánchez «acaban siendo insolidarios para el resto de la regiones». Se refiere al compromiso de financiar por parte del Estado el 50 por ciento de la Dependencia en ambas comunidades. Calcula que eso en el País Vasco rozaría los 450 millones, una cifra que compara con los 130 que recibe Castilla-La Mancha ahora. Como ambas comunidades tiene unas cifras de población parecidas, reclama para Castilla-La Mancha 320 millones. También aprovechó para sacar a colación la cesión de inmigración para Cataluña que pide Junts.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, se quejó de que le cuelen temas nacionales en los debates sobre servicios sociales. «En un momento me he sentido como si estuviera en Fitur, que hemos viajado no solo por diversos países, sino por diversas temáticas», señaló (lo de los países fue porque PP y Vox también criticaron el último viaje de Page a China). Sobre Dependencia, García Torijano subrayó que Castilla-La Mancha fue en 2023 la segunda comunidad autónoma que mejor la gestionó.