El sistema de seguros agrarios, siempre modélico para otros países, solvente, garantista y en crecimiento por el imparable Cambio Climático, atraviesa sin embargo fuertes turbulencias que hacen tambalear el rumbo. 
 La alta siniestralidad que viene registrándose desde 2017, y especialmente el volumen de indemnizaciones en campañas tan catastróficas como la de 2023, con 1.200 millones de euros de desembolso para compensar las pérdidas de las cosechas, deja tiritando el fondo de reserva pese al incremento de la contratación, incluso de primas estos últimos años.
   La primera señal de alarma se dio hace meses en Jerez de la Frontera, (Cádiz), en un Congreso internacional organizado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), donde sus responsables desvelaron el complejo balance para empezar a diseñar soluciones urgentes entre las administraciones, las organizaciones agrarias y las cooperativas.
   Una encuesta diseñada ahora por ENESA y remitida a las comunidades autónomas y al sector con preguntas muy concretas, directas y posiblemente inducidas para abrir el agrio melón, dibuja los escasos escenarios para apuntalar el sistema que presenta un elevado riesgo de colapso. Se da por hecho que los fenómenos adversos van a ser más habituales y frecuentes por lo que no caben otras conjeturas, al menos pocas complacencias viendo que han aparecido las primeras grietas en los cimientos del fondo de compensación y del reaseguro. 
   En este sentido, el Ministerio de Agricultura, a través de su Entidad, pregunta directamente por cómo evitar la quiebra, y consulta si la contratación de pólizas debería ser voluntaria u obligatoria, y si debería condicionarse la concesión de ayudas europeas o nacionales a la suscripción.
   Pregunta también si sería adecuado desarrollar un seguro complementario financiado con una parte del sobre de ayudas directas de la PAC, o si para evitar el»colapso» del modelo, habría que actuar manteniendo o mejorando las coberturas, ajustando al alza las primas, o las propias garantías para no tener que subir los precios.
   Enesa tiene claro que hay un perfil de asegurados que no resultan rentables por su recurrente siniestralidad, y habla claramente de eliminar esas garantías en las zonas donde los cultivos no se han adaptado ni se adaptarán nunca por las condiciones ambientales, lo que siempre será delicado determinar ya que deja la patata caliente a las autonomías si finalmente hay que acometer planes de reconversión.
   Sin embargo, detrás de cada una de las cuestiones están las pocas soluciones que la administración general del Estado encuentra. Y una de ellas mira directamente al presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), lo que implicaría recalcular los pagos directos que son del propio productor. En realidad, ya se ha hecho en la actual reforma para articular un programa específico de subvenciones al olivar de bajo rendimiento.
   Pero existe otra opción: buscar margen en el segundo pilar de la PAC, en los fondos de desarrollo rural que cofinancian las comunidades autónomas, aunque ello represente también otro riesgo al derivar el problema presupuestario a los territorios. Y así, según sea la implicación de sus gobiernos, así será de fragmentado el sistema nacional. ¿Podríamos estar ante 17 modelos de seguro agrario? Si esto ocurriera sería como socavar el pilar básico de solidaridad que sustenta todo el edificio.