El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado a la Comisión Europea un documento con una propuesta de reforma estructural, "ajustada a la realidad de nuestro territorio" para el periodo de la PAC 2023-2027.

Entre las medidas que reclaman la reducción de fitosanitarios, la simplificación de los trámites burocráticos, buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, cambios en los ecorregímenes y una modificación del reglamento base.

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, se reunirá en Bruselas con el comisario europeo en esta materia, Janusz Wojciechowski, reclamando que "la gente del campo" son "víctimas del cambio climático".

Desde el Ejecutivo castellano-manchego han demandado "la aplicación de cláusulas espejo" para que los "acuerdos comerciales con terceros países" externos a la Unión Europea "sean una realidad" y se exijan las mismas condiciones que a los productores europeos.

Además, ha reivindicado la Ley de la Cadena Alimentaria, ya aprobada en el conjunto de los países miembros, para que el sector agroalimentario no trabaje a pérdidas.

Page ha reclamado "un gran pacto rural europeo" para aplicar la PAC "de forma coherente, sensible con las regiones y acorde con las necesidades del medio rural". "La PAC debe ser un aliado de los agricultores y ganaderos, nunca un problema", ha sentenciado.

Actuación del Gobierno autonómico. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha sacado pecho de las medidas que ha ido aprobando para beneficiar al sector agroalimentario.

Entre ellas, la flexibilización de la PAC para el presente curso, el pago de 490 millones de euros en ayudas europeas, otros 50 millones para garantizar el relevo generacional en las explotaciones agrarias, la creación de una Mesa de Coordinación y Seguimiento del PEPAC o la aprobación de ayudas para la sequía, siendo la comunidad autónoma "que más ayudas va a recibir".