Castilla-La Mancha valora la unidad de acción por parte de las autonomías a la hora de aprobar la nueva ordenanza tipo de comercio minorista, que pretende facilitar un marco común para unificar y reducir la tramitación en la concesión de licencias para este sector, y que podrán aplicar de manera ágil las entidades locales en todo el país. Es algo que se ha acordado en las reuniones de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios y la Conferencia Sectorial de Comercio Interior.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tuvo la ocasión de exponer al resto de autonomías algunos de los avances que el Ejecutivo autonómico está implementando en materia de reducción y agilización administrativa en Castilla-La Mancha.
En la reunión se aprobó la ordenanza tipo para el comercio minorista, que entre otras cuestiones incorpora la declaración responsable para la autorización de la actividad comercial y que puede tener un efecto muy positivo en un sector, el del comercio. «Tiene un gran peso en la economía de nuestra región y una gran capacidad de vertebración económica y social en nuestro territorio, que cuenta, en el conjunto del comercio, con más de 40.000 establecimientos y genera más de 108.000 empleos en la región, con una facturación que supera los 30.000 millones de euros», explica.
La nueva ‘ordenanza tipo’ para comercios le encaja a CLMPatricia Franco dice que «encaja a la perfección además en el nuevo Plan Estratégico que estamos elaborando, de la mano del sector, para el comercio minorista en nuestra región». Avanza que «dentro de los seis ejes que hemos puesto sobre la mesa para el diseño final de ese Plan, el cuarto está dirigido de manera directa y completa a la revisión normativa y la mejora del clima regulatorio para el sector en la región, con una reducción en la tramitación que pueda mejorar su productividad».
Por último, Patricia Franco agradeció al Ministerio que haya elegido a Castilla-La Mancha para exponer los avances y las buenas prácticas en materia de reducción en los trámites administrativos para la actividad económica en la región, «lo que nos ha permitido compartir con otras comunidades autónomas avances como la Ley de Proyectos Prioritarios que aprobamos en 2020 y que transitará hacia la nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas; la Ley SUMA en el ámbito urbanístico, o la nueva Ley de Simplificación Administrativa, que se aprobará en la región en la primera mitad del próximo año; así como los Proyectos de Singular Interés».