En el Ayuntamiento de Toledo habrá que echar cuentas para encajar el presupuesto del próximo año sin contar con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la conocida plusvalía, ya que el Tribunal Constitucional acaba de anular este impuesto que cobran las administraciones municipales y supone un buen pellizco de ingresos todos los años. La sentencia deja claro que su cálculo no se corresponde con la realidad porque toma como base un aumento de los  valores del terreno independientemente de que haya o no existido.La decisión del alto tribunal supone un importante desequilibrio en las arcas municipales, ya que este año estaba previsto recaudar 5,2 millones  de euros en plusvalías.

Tras el dictamen del Tribunal Constitucional, el equipo de Gobierno ha decidido ha decidido suspender el cobro de plusvalías y no girar recibos de este impuesto «por prudencia». En este sentido, la portavoz del Ayuntamiento, Noelia de la Cruz, cree que se ha tomado la mejor decisión ante la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional y confía en que «el Gobierno de España desbloquee esta situación y ofrezca una solución a los ayuntamientos porque la anulación del impuesto afecta mucho a todas las entidades locales».

Al respecto, De la Cruz valora la rapidez de actuación del Ayuntamiento de Toledo tras el dictamen del Constitucional y una vez suspendido el cobro de plusvalías el equipo de Gobierno municipal estudiará «a fondo la sentencia y su letra pequeña». De momento, los técnicos municipales también están estudiando el fallo y analizando su posible repercusión en relación a las reclamaciones pendientes aún de resolver.

La portavoz tampoco puede ir más allá porque todavía «no nos ha dado tiempo a ver la literalidad de la sentencia», pero insiste en que el Gobierno Central también tendrá  «que tomar cartas en el asunto» ante la importante pérdida de ingresos en los ayuntamientos. Además, recuerda que el PSOE tiene una proposición de ley pendiente, aunque desconoce si será el camino que se escoja.

De la Cruz subraya que el Constitucional ha declarado nulos una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales del año 2004 que en su día puso en marcha el Partido Popular. De momento, lo único claro es que el presupuesto municipal del próximo año que comienza a dibujarse no podrá incluir ingresos por plusvalías, con lo que los ingresos caerán en una media de cinco millones de euros si se mantienen las previsiones que se habían calculado para este año, lo que obligará a hacer más cábalas para cuadrarlo.

Las plusvalías llevan tiempo trayendo de cabeza a las arcas municipales. Según la liquidación presupuestaria, el año pasado se ingresaron 4.961.952 euros en plusvalías, pero las previsiones fueron a la baja porque partía con una estimación de 6,4 millones de euros de recaudación y tuvo que devolver durante el ejercicio 1,5 millones de euros. En este caso, el Ayuntamiento únicamente tenía pendiente de pago poco mas de 10.000 euros a 31 de diciembre de 2020.

La anterior suspensión. No es la primera vez que el equipo de Gobierno decide suspender el cobro de plusvalías. Hace tres años tuvo que tomar esta decisión con respecto a las liquidaciones en las que no figuraba un incremento en el valor de transmisión para cumplir con otra sentencia del Constitucional que declaró ilegal el cobro de este impuesto para estos supuestos en el año 2017, un ejercicio que obtuvo grandes ingresos por plusvalías, en total 9, 2 millones de euros. Por tanto, el Ayuntamiento también tomó el mismo camino para aquellos casos en los que se había recurrido el cobro y aún no contaban con resolución.

Desde entonces, la administración municipal también se ha llevado algún varapalo a cuenta de las plusvalías. En concreto, en una de ellas el Tribunal Supremo la condenó a anular una liquidación de este impuesto que superaba los 3.000 euros porque el inmueble en cuestión , en caso de donación, no había aumentado su valor en los últimos diez años.

Este impuesto llevaba años en entredicho y pendiente del dictamen judicial y cada vez son más los ciudadanos que reclaman por cobro indebido, como demuestra el hecho de que el 70,5% de las reclamaciones al Tribunal Económico Administrativo (TEA) son por plusvalías.