El equipo de Gobierno municipal no está dispuesto a conformarse sin la subvención de transportes que solicitó al Gobierno central el año pasado y fue denegada. Por tanto, ya ha dado autorización para que los servicios jurídicos municipales preparen un recurso para elevarlo al juzgado de lo Contencioso-Administrativo con la intención de que los tribunales diriman la cuestión y el Ayuntamiento pueda optar a esa ayuda de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible que se concede a las entidades locales por el transporte colectivo urbano.

En este caso, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, señala que el Ayuntamiento envió toda la documentación necesaria para optar a esta subvención, que suele oscilar entre 500.000 y 520.000 euros, en el plazo marcado y todos los certificados, tanto los del Ayuntamiento como los de Unauto, la concesionaria del transporte en la ciudad, «eran positivos». 

Si bien, desde el Ayuntamiento se tuvo que mandar más certificados por segunda vez, pero en ninguno de ellos se reflejaba que Unauto tuviera una deuda, motivo por el cual el Ministerio de Transportes ha denegado la ayuda al encontrarse que la concesionaria debía 0,99 euros a la Seguridad Social.

En este caso, la concejalía de Movilidad investigó lo sucedido tras recibir la negativa a la subvención y en los primeros contactos con la Seguridad Social Unauto se encontraba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. Sin embargo, finalmente apareció esta deuda de 0,99 euros, 1,13 euros contando con la demora en el pago, que obedece «a un fallo administrativo». Y acto seguido Unauto pagó el montante y remitió el certificado al Ministerio, pero no lo aceptó.

Jiménez explica que lo adeudado obedece a una bonificación que obtuvo Unauto en plena pandemia de covid tras no poder prestar el servicio. Pero lo más curioso de esta problemática, según recalca el concejal, es que la Seguridad Social nunca comunicó a Unauto esta deuda y la empresa se la encontró de pronto a raíz de la subvención. 

«Creemos que se ha creado una situación de indefensión», mantiene el concejal de Movilidad, y considera que el Ayuntamiento de Toledo no puede conformarse con la resolución del Ministerio, dado que ni el equipo de Gobierno municipal ni Unauto conocían esa mínima deuda. Además, remarca que hay sentencias con casos similares  en las que encaja el Ayuntamiento.

La resolución del Ministerio se dio a conocer a principios del mes de diciembre y dejó fuera a Toledo, pero también a Talavera de la Reina, de una convocatoria que ha destinado 51 millones de euros a 87 municipios para financiar el transporte colectivo. Se trata de una convocatoria a la que pueden optar ayuntamientos que dispongan de un plan de movilidad con más de 50.000 habitantes y capitales de provincia fundamentalmente. 

Respuesta política. Jiménez no entiende el rédito político que quiere obtener la oposición a cuenta de esta subvención del transporte. «En el PSOE no se enteran de lo que va el tema», apunta, puesto que  asegura que se están equivocando al hacer oposición porque están confundiendo esta ayuda con la que el Gobierno destina en relación a la gratuidad del transporte público.