La comisión de Urbanismo extraordinaria celebrada esta mañana puso a todos los representantes políticos de acuerdo «en la necesidad» de la puesta en vigor de una ordenanza que regule los apartamentos y las viviendas de uso turístico en Toledo, pero también dejó un importante poso de tensión, de crítica y de denuncia en una oposición que encuentra en la modificación puntual número 32 del Plan General de Urbanismo «muchas carencias» que no permitirán solucionar los problemas de convivencia en el Casco ni la acumulación de apartamentos turísticos en algunas zonas.
Los grupos acudieron a la convocatoria intrigados por su carácter extraordinario cuando el próximo lunes se celebrará otra comisión de Urbanismo, esta vez ordinaria, que no incluye este tema, por lo que sospechaban que el equipo de Gobierno municipal tiene prisa por sacar adelante esta regulación en vista de que las elecciones municipales están ya encima. Al margen de que unos u otros grupos fueron más críticos con el hecho de que el PSOEha esperado a última hora para intentar solventar la problemática cuando ha tenido cuatro años de legislatura, todos coincidieron en que Tolón ha hecho un feo a la oposición presentando el texto de la regulación públicamente 48 horas antes de la comisión de Urbanismo.
Al margen de esta cuestión, las frases que deslizaron los portavoces de los distintos grupos reflejaron el enfado por no dejarles participar en la elaboración de la ordenanza y la decepción sobre un texto «mejorable», según apuntó Pablo Corrales, del PP, convencido de que esta modificación puntual «no serivará para solucionar los problemas, al contrario, generará uno mayor». En este caso, hizo patente que está cansado de que desde el PSOE se pida consenso «y se confunda con sumisión» porque su grupo no está dispuesto a pasar por ahí y el resto tampoco.
«Juegue con quien se deje jugar, pero no con la oposición, que somos mucho más serios, criticó Corrales poco después de dejar claro que el texto contiene datos erróneos, garantiza una accesibilidad que no es real, puesto que permitir aseos de 1,5 metros discrimina a las personas de peso y las que van en sillas de ruedas, por ejemplo, y considera ilógico dividir el Casco en distritos censales porque se trata de una medida que se toma únicamente para los procesos electorales y puede invitar a que un Ayuntamiento «autorice más o menos viviendas turísticas en función de quien gane unas elecciones».
Corrales cree que la ordenanza debe estudiar con mayor profundidad la situación actual sobre la cantidad de viviendas de uso turístico que existen en todas las zonas del Casco, «tiene que justificar ese 20% de limitación de uso hotelero» por distrito porque remarcó que ya hay zonas muy tensionadas y se podrían delimitar mejor las zonas. Por este motivo, el PP tiende la mano al PSOE para trabajar y mejorar el texto antes de que se lleve a Pleno y al periodo de información pública, pero avisa que si no se toca «será un brindis al sol».
Para Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos, se trata «de un texto confuso» que se olvida de la zona de los Cigarrales porque únicamente se divide la ciudad en dos, el Casco Histórico y el resto de barrios, solo se establecen limitaciones para la zona antigua de Toledo, con lo que tiene claro que «se desregula el resto de la ciudad» y ni siquiera se contempla la posibilidad de cobrar una tasa por la actividad económica que se genera con los apartamentos turísticos. Por tanto, se mostró muy crítico porque cree que el objetivo del PSOE es «seguir llenando el único negocio, el motor de desarrollo turístico, y no se plantea otra cosa».
Retraso. Araceli de la Calle, de Ciudadanos, insistió en que la regulación lleva más de siete años de demora, denunció las formas por el reciente anuncio de Tolón, y dejó caer «que las formas son muy importantes, pero sospecha que quizá no da tiempo a que la ordenanza entre en vigor antes de las elecciones «y tiene que vender una moto».
De la Calle ve imprescindible que se justifique por qué se elige como tope un porcentaje del 20% de apartamentos y viviendas turísticas por zona y no es más o menos, cuando ya hay calles «colapsadas». Además, no entiende cómo el equipo de Gobierno lleva a Urbanismo un texto «si faltan documentos», como el número máximo de viviendas destinadas a alojamiento por zona, ya que aún no se ha calculado, tal y como admitió la jefa de Urbanismo.
En su opinión, el texto está plagado «de deficiencias», espera que se aporten los documentos que faltan, incluido el informe que en su momento realizó la EMV, y confía en que se planteen muchas alegaciones en el periodo de información pública. Si bien, duda si el PSOE las tendrá en cuenta y en caso de que sí lo haga se preguntó si sería necesario un segundo periodo de información público como respaldo legal.
En Ciudadanos no comprenden que la futura regulación de esta actividad obligue a disponer de contenedores de reciclaje cuando aún hay escasas posibilidades de que pueda llevarse a la práctica.
«Otro parche más». Así definió María Ángeles Ramos, de VOX, la modificación puntual número 32. Aprovechó para recordar una vez más que el POM sigue «en el cajón» y aconsejó a Tolón y a su equipo de Gobierno una revisión a conciencia de esta futura regulación «por el bien de los vecinos».
Por su parte, el concejal no adscrito, Luis Miguel Nuñez, se limitó a afear a la oposición su comportamiento propio «de campaña electoral», subrayó la necesidad de regular esta actividad turística, pero no entró en detalles técnicos, se centró en dejar claro «que se podría hacer de otra manera». Sin embargo, también opinó que los grupos políticos siempre «echan leña al mono», tanto si el equipo de Gobierno municipal trabaja para sacar adelante una normativa como si no lo hace.