El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, va a celebrar el próximo 11 de junio un acto público en el que desgranará los detalles del contrato de 'Limpieza viaria y recogida de basuras' de la ciudad de Toledo y que recientemente ha sido objeto de polémica por la amenaza de huelga de los trabajadores de la concesionaria de este servicio público privatizado.

Desde Izquierda Unida, en su afán por que los vecinos de la ciudad sean conocedores de los contratos que les vinculan como ciudadanos y de este modo tengan información suficiente para poder ejercer una labor fiscalizadora como destinatarios de los servicios municipales, invitan a participar en esta cita que tendrá lugar el próximo martes en el Centro Social del Polígono a las 18,30 horas.

El contrato de 'Limpieza viaria y recogida de basuras', firmado en la anterior legislatura, ya nació con carencias, según explicará Txema Fernández, puesto que se licitó por 11 millones de euros al año, cifra en la que los técnicos tasaron la prestación del servicio óptimo, aunque la adjudicación se quedó en 8 millones de euros. "Es decir, se entregó por tres millones menos de lo que los técnicos decían que costaba el servicio y esto repercute en las condiciones de la plantilla, entre otras cuestiones", explica el portavoz de Izquierda Unida en Toledo.

Otro de los aspectos a los que dará importancia en este acto público -al que puede asistir cualquier persona interesada en el contrato de limpieza- es la ausencia de un diagnóstico previo del estado del servicio, "requisito que hubiese avanzado problemas que recientemente se han convertido en el motivo de la convocatoria de huelga de los trabajadores y trabajadoras".

Aspectos técnicos sobre vehículos, nuevos servicios, ampliaciones de zonas de limpieza y recogida de basuras o adaptación a las normas europeas serán otros asuntos a abordar en este encuentro programado por Izquierda Unida en el que también esperan que la participación de los asistentes permita tomar el pulso y conocer la percepción de los toledanos y toledanas sobre este servicio público esencial que gestiona una empresa a la que, por cierto, fiscaliza sobre la correcta ejecución de las condiciones del contrato otra firma que ella misma ha propuesto para esta labor de control y a la que paga 50.000 euros.