La negociación laboral entre la empresa y los trabajadores de Pablosky ha finalizado sin acuerdo tras la última de las cinco reuniones que ambas partes han celebrado desde el pasado mes de noviembre. La propiedad mantiene su intención de reducir la plantilla en 48 operarios y achaca el recorte previsto a la situación por la que atraviesa la sociedad. Los empleados, por su parte, descartan el mal momento de la compañía, afean la externalización de parte de la producción hacia Marruecos y reclaman mejores condiciones para facilitar el adiós de aquellos trabajadores que deseen su salida voluntaria.
Los sindicatos CCOO y UGT señalan la situación «de bloqueo absoluto por parte de la empresa» durante el último encuentro entre la dirección y sus trabajadores, una reunión celebrada ayer. «Hemos actuado de buena fe en todo momento», subrayan las dos centrales mayoritarias. La propuesta de las organizaciones pasa por «minimizar los efectos del ERE», para que la medida afecte al menor número de trabajadores y que quienes se marchen lo hagan con la mayor recompensa posible.
Entre los empleados de la zapatera se cierne una sensación de cansancio y tensión. «Estamos nerviosos por la incertidumbre a largo plazo. Sentimos el abandono por parte de la empresa porque nosotros a ellos, cuando nos lo han pedido, sí les hemos apoyado», explica Lola Aceituno, responsable de UGT en Pablosky. Una buena parte de la plantilla se adhirió a la petición de la patronal de convertirse en fijos discontinuos hace tres años, en plena arremetida de la pandemia. Los sindicatos afean que la propiedad haya planteado de nueva esta opción, aunque ahora como la única fórmula para evitar el ERE.
Las organizaciones laborales piensan que la intención de la dirigencia pasa por reducir el plantel por debajo de los 250 trabajadores, lo que supondría transformar a la compañía de tamaño medio radicada en Fuensalida en una pequeña empresa, una circunstancia que podría facilitar su acceso a subvenciones y bonificaciones fiscales. La plantilla actual se estira hasta las 315 nóminas. Los sindicatos cifran en 68 las personas que podrían jubilarse o prejubilarse entre 2025 y 2026. El propósito de los dueños de la compañía es sumar a esa cantidad otros 48 trabajadores más. Aunque se han presentado una veintena de solicitudes espontáneas para el cese de la actividad laboral, la empresa propone agregar un volumen similar para cerrar la crisis. Ambos sindicatos, sin embargo, creen que a través de «salidas voluntarias» se puede resolver el expediente planteado por Pablosky.
Además, durante los próximos seis años se jubilarán 110 empleados. Si en ese hipotetico 2030 no se reponen los puestos perdidos por el retiro de los trabajadores de más edad, la plantilla «disminuirá un tercio» y su tamaño caerá hasta los dos centenares de operarios. La regulación natural del caudal de empleo en la compañía es otro de los argumentos a los que se aferra la plantilla para rechazar los despidos previstos.
«Es un ERE a su antojo, aquí no sobra nadie», cuenta Rocío Arévalo, representante de CCOO en la empresa «Creemos que sí hay deslocalización», apunta. Desde el verano, «parte de las labores de cortado y cosido» se realizan en la ciudad marroquí de Tánger, detallan los afectados.
Los dos sindicatos exigen «facilitar» el adiós de los más veteranos «con una indemnización satisfactoria», un despido «con deferencia» que proponen alcance los 33 y 45 días por año trabajado. La oferta de la dirección fija, sin embargo, un máximo de 24 días. «Es muy poco, es una limosna», dicen los responsables sindicales.
CCOO y UGT confían en que la justicia declare nulo el ERE. El próximo martes se celebrará una nueva asamblea con trabajadores en la planta de calzado de Fuensalida.