Los datos de existencias de vino al cierre de abril, reflejan un descenso del 26 por ciento con respecto al mismo mes de hace un año, para alivio de las bodegas y cooperativas de Castilla -La Mancha. Sin sumar el mosto, pendiente de comercialización, son poco más de 10,6 millones de hectolitros lo que queda en los depósitos, según el avance de la Consejería de Agricultura a solo dos meses de cerrar campaña el 31 de julio; porque aunque se vende todo el año, ese día representa el punto de corte con la siguiente vendimia. Incluso en la comparativa nacional, la región está en mejor posición por el acelerón en las ventas en este cuatrimestre, gracias a la exportación, y no solo por volumen, sino también con cifras elevadas de facturación.
De momento las parras no han dicho aún por dónde irá la cosa, están cerniendo, como tantas otras en el mejor sentido del término vitivinícola, pero cuatro comunidades autónomas, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura, han pedido ya una destilación de crisis por los problemas que arrastran con algunas partidas tintas.
No parece que preocupe mucho esta circunstancia aquí, entre las cooperativas, que lanzan un mensaje a los peticionarios, y seguramente también a la interprofesional española, al entender que si quieren acudir a la quema será porque en sus territorios dispongan de presupuesto propio, como intentando disuadirles de mirar a la intervención sectorial del vino (ISV) que es el programa nacional donde están ayudas como la reestructuración, la línea de inversiones o la promoción en terceros países. Hay que recordar que, por segundo año, se ha habilitado una subvención para vendimia en verde (21 millones de euros) que tendrá que ejecutarse como muy tarde el 15 de julio.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, en el último Consejo de Bruselas de mayo, trasladó a la Comisión Europea su preocupación por este escenario, también marcado por la caída de los consumos, aunque en un momento ya de poco recorrido político en Europa teniendo en cuenta el final de la legislatura; este jueves 6 arrancan las elecciones en algunos países, y concluyen el domingo con las votaciones en otros como España.
Más trascendente será el debate sobre el fondo de crisis de la Política Agraria Común (PAC) después de las tensiones que generaron las peticiones de apertura desde la pandemia, luego con la guerra, y finalmente con la grave sequía en el sur del Viejo Continente, ante la reticencia del comisario polaco, Januzs Wojciechowski que al final, con los tractores rugiendo en las carreteras, se ha mostrado más comprensivo y empático ante los grandes problemas agrícolas y ganaderos.
En estos tres años de sucesos, ha quedado demostrado que ese fondo de crisis -un invento de los Estados en la anterior reforma-, cuenta con dinero insuficiente para acudir al rescate de sectores golpeados y más vulnerables, ya sea por la climatología, la geopolítica o por el mercado. Pero ojo, porque esa reserva se nutre con la aportación -de obligado cumplimiento- de los propios beneficiarios de la PAC que experimentan en cada período una detracción porcentual de sus ayudas para crearlo.
Otra cosa es que la solicitud de los Estados miembros fragüe en la consecución de aportaciones extras de Europa para una PAC que -parece- saldrá reforzada en la próxima revisión. Y digo parece porque esa es la impresión que dejan las intervenciones de los ministros y ministras en las reuniones de este final de legislatura, al decir todos que han captado el mensaje de los productores movilizados ante la sordera o incluso ceguera de la Comisión.
Sobre el tapete quedan sin embargo algunos compromisos importantes para restarle burocracia a la actual, y en ese margen de flexibilidad que tienen todos los socios miembros, están abiertos los trabajos en países como el nuestro. 
El próximo 17 de junio, el Ministerio de Agricultura quiere recabar el máximo apoyo de las comunidades autónomas en una conferencia sectorial, prácticamente temática, que está organizando el gabinete antes de enviar los papeles a Bruselas.
El equipo de Planas trabaja en lograr ese respaldo territorial para aprobar el informe con las nuevas modificaciones en un Consejo de Ministros. Cree que en la comisión de seguimiento que se ha coordinado con el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha habido avances, y parten de la confianza de que todos los territorios salen reforzados con la rebaja burocrática y otros acuerdos escritos en los futuros documentos. Para entonces habrán pasado las elecciones y sabremos la composición del nuevo arco parlamentario europeo. Pero, mientras todo cierne, ¿influirá el resultado en este trámite final?