Siempre he pensado que una sociedad que necesita subvencionar las iniciativas culturales tiene algo que no funciona. Pueden darse las subvenciones, pero cuando son imprescindibles es que algo falla. No quiero ser radical en este planteamiento, ya que cada día intento abrir mi mente a los más variados ejemplos de representación artística que afloran a la vista de los ciudadanos gracias a las ayudas que aportan las muy variadas y numerosas administraciones con que contamos en cada territorio. Es un placer y una enseñanza visitar exposiciones magníficamente organizadas o montajes teatrales de gran calidad, aunque sea gracias al impulso de la concejalía, consejería o ministerio de turno. Pero confío que el lector sea cómplice conmigo, aunque sea parcialmente, en que lo ideal para que se desarrollen las manifestaciones culturales del signo que sean es que los artistas no le deban nada a nadie salvo a quienes observan sus obras y pagan la entrada para hacerlo. La cultura de la subvención acaba creando clientelismo, y en este momento de nuestras vidas es imprescindible que por lo menos convivan la iniciativa privada y la pública, una colaboración que tanto se desprecia hoy en día y que tan necesaria es para cosas sin importancia como la educación o la sanidad.

Viene a cuento todo esto por la declaración de intenciones del nuevo ministro del área nada más tomar posesión de su flamante cartera. "La Cultura es una herramienta de combate contra la extrema derecha", ha sentenciado Ernest Urtasun, quien compagina sus horas en el nuevo despacho de la Plaza del Rey de Madrid con las ruedas de prensa semanales como portavoz de la fuerza política Sumar. Cualquiera puede imaginar el grado de dirigismo cultural que va a vivir España en el tiempo que este dirigente dure en el cargo, por si fuera poco el que ya padecíamos. Esto es una batalla en la que no se hacen prisioneros, se fulmina al amanecer vía muerte civil al que piense diferente o proponga alguna idea discrepante con lo que marcan las autoridades del komité kultural, como dirían Mundstock y Rabinovich, con K mayúscula. Al escucharle, rápidamente me he acordado de la excepción cultural francesa, y de las subvenciones al cine español, que se conceden aplicando criterios de taquilla cuando el proyecto no es todavía ni un esbozo de guion.

Si en los últimos cincuenta años han escaseado las películas y los libros que ofrezcan una versión diferente sobre la guerra civil y lo que la provocó, imagínense quién se va a atrever a hacer ahora una ficción inspirada en un país del suroeste de Europa en el que, en pleno año 2023, se acusa de prevaricadores a los jueces que han aplicado las leyes y se eliminan los delitos de una élite política que va a ser superior al resto de los mortales.