Con la decisión del Govern balear de mantener la Ley Autonómica de Memoria Democrática tras romper sus acuerdos con Vox, y la aprobación también días atrás de una norma similar en Cataluña, son 10 las comunidades que cuentan con este tipo de normativa, mientras que en otras tres sigue vigente su derogación. En concreto, Aragón, Valencia y Cantabria son las regiones que la suprimieron, en las dos primeras cuando el PP y Vox eran todavía socios de Gobierno, y en la tercera a iniciativa exclusivamente de los populares.
En Castilla y León se inició el proceso para derogar la ley de memoria territorial y sustituirla por una denominada ley de «concordia», pero el Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco dio marcha atrás con este plan tras romper su coalición con Vox.
Por otra parte, en Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Galicia no hay ninguna normativa autonómica sobre memoria democrática, lo que dibuja una España a varias velocidades en esta materia.
Eso sí, en todo el territorio español rige la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene la determinación de recurrir ante el Tribunal Constitucional la derogación de leyes de memoria comarcales, como ya ha hecho en el caso de Aragón y podría hacer en la Comunidad Valenciana y Cantabria si no se llega a un acuerdo con estos ejecutivos.
Estos son los detalles del polémico mapa autonómico de leyes de memoria:
Andalucía
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue aprobada en marzo de 2017, cuando gobernaba el PSOE, y ha seguido vigente desde entonces pese a que el actual presidente andaluz, Juanma Moreno, del PP, se comprometió a sustituir esta norma por una de «concordia» en su pacto de investidura con Vox en 2019.
Ahora el PP gobierna en Andalucía con mayoría absoluta y no hay cambios previstos.
Aragón
En Aragón, PP y Vox derogaron en febrero de 2024, cuando aún eran socios de Gobierno, la ley autonómica de memoria aprobada en 2018, con el socialista Javier Lambán como presidente, y aprobaron después un «plan de concordia», sin ninguna mención a la guerra civil o a la etapa franquista.
El Gobierno de España recurrió su derogación ante el Tribunal Constitucional, que en junio decretó su suspensión cautelar.
Asturias
Asturias cuenta con una legislación en esta materia aprobada en marzo de 2019, durante el Gobierno del socialista Javier Fernández, y que sigue adelante con el actual Gobierno autonómico de PSOE e IU pese a la presión ejercida por Vox, que con el apoyo del PP reclamó hace un año su supresión.
Baleares
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), tenía previsto eliminar días atrás la ley de memoria de su región, pero pactó con la izquierda mantenerla tras romper negociaciones con Vox, que hasta entonces era socio parlamentario de los populares.
Canarias
Canarias tiene un reglamento sobre esta materia que entró en vigor en 2018, con Coalición Canaria al frente del Gobierno, partido que sigue gobernando en la actualidad.
Cantabria
En Cantabria gobierna en solitario el PP, que en su programa electoral ya recogía la intención de derogar la Ley de Memoria Histórica de 2021, algo que acaba de hacerse efectivo tras ser aprobado en el Parlamento regional con los votos a favor de los populares y de Vox.
Castilla-La Mancha
En esta comunidad, gobernada por el socialista Emiliano García-Page con mayoría absoluta, no hay reglamentación sobre esta delicada materia y el propio Gobierno regional afirmó en su momento que no ve necesidad de promulgar una, al considerar correcta y representativa la norma estatal.
Castilla y León
Una de las consecuencias de la ruptura de los gobiernos autonómicos entre el PP y Vox ha sido el fin del recorrido parlamentario en Castilla y León de la denominada proposición de ley de «concordia», que había sido acordada entre ambos partidos.
El PP y el PSOE tumbaron esta iniciativa en las Cortes el pasado mes de septiembre, durante su toma en consideración, por lo que sigue vigente el decreto de Memoria Histórica y Democrática aprobado en 2018, durante el Gobierno del popular Juan Vicente Herrera.
Cataluña
El Govern del socialista Salvador Illa aprobó días atrás el proyecto para activar una norma ya impulsada por el Ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) pero cuyo proceso legislativo decayó con el fin de la legislatura.
Extremadura
Extremadura dio luz verde en 2018 una ley contra el olvido bajo el mandato del socialista Guillermo Fernández Vara, cuya derogación pidió Vox tras alcanzar un pacto de legislatura con el PP. Tras la ruptura con los de Abascal, el Gabinete de la popular María Guardiola aseguró que esta derogación no está encima de la mesa de trabajo.
Galicia
No tiene ley propia.
La Rioja
En La Rioja hay una ley autonómica de memoria que fue aprobada en 2022 con los votos a favor del PSOE y Grupo Mixto y el rechazo de PP y Ciudadanos y que el actual Ejecutivo riojano (con mayoría absoluta del PP) no tiene previsto anular ni modificar.
Madrid
Carece de una normativa propia.
Murcia
No tiene ley propia.
Navarra
Navarra fue pionera, ya que el Parlamento aprobó en 2013 la ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.
A ella se sumó en 2018 la aprobación de la Ley Foral de Lugares de la Memoria Histórica de Navarra. Ambas normas siguen en marcha.
País Vasco
El Parlamento Vasco aprobó en septiembre de 2023 una ley de memoria con el único rechazo de los diputados de PP, Vox y Ciudadanos.
Comunidad Valenciana
El Govern del popular Carlos Mazón aprobó en julio, cuando todavía tenía a Vox como aliado, una proposición de ley de la «concordia» que sustituye a la legislación territorial de memoria aprobada en 2017 bajo el Gobierno de izquierdas del Botànic.