El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayoría conservadora, ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la futura ley de amnistía que tacha de "medida de abolición del Estado de derecho", que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera".

Fuentes jurídicas informan a EFE de que la propuesta que ha debatido el Consejo en un pleno extraordinario, a petición de ocho vocales conservadores, ha salido adelante con los votos de los impulsores de la iniciativa a los que se ha sumado el vocal Wenceslao Olea, el rechazo de los cinco vocales progresistas y la abstención del presidente Vicente Guilarte.

Las fuentes aseguran que Guilarte ha trasladado a los vocales que redactará una explicación de su voto en blanco en el que evidenciará que no está de acuerdo con la iniciativa legislativa pero considera conveniente esperar a la tramitación de la proposición de ley.

El vocal progresista Álvaro Cuesta, que consideraba "manifiestamente ilegal" la propuesta de declaración institucional sobre la amnistía, no ha acudido al pleno.

Cuesta había advertido previamente de que si el presidente del Consejo, Vicente Guilarte, no desconvocaba el Pleno, él no iba a asistir ya que no quiere contribuir "a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023".

Como consecuencia, la propuesta de los ocho vocales no necesitaba ya de más apoyos para salir adelante, puesto que se reducía a 15 el número de vocales presentes y con los votos de los ocho vocales conservadores bastaba para su aprobación.

No obstante, el vocal Wenceslao Olea se ha sumado al bloque al pactar algunos cambios en la declaración por la que el CGPJ expresa "su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España".

La declaración señala que "no es compatible" con el principio de Estado de derecho que "los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno".

"Ello supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España", añade el texto.

Los vocales han modificado el texto inicial de la declaración institucional, que se aprueba sin que las Cortes se hayan dirigido al Consejo para recabar su opinión sobre una proposición de ley, de la que todavía se desconoce su contenido al no haberse registrado.

Sobre esto último, se defienden de las críticas dentro y fuera del Consejo que sostenían que el CGPJ debía esperar a conocer la proposición de ley para emitir su opinión afirmando su "legitimidad" para "hacerlo ahora" dado que no se ha optado por presentar la amnistía como un proyecto de ley, lo que evita la opinión de los órganos consultivos del Estado.

"Los partidos que impulsan la iniciativa legislativa, los mismos que sostienen la acción del Gobierno en funciones, anuncian que han optado por la tramitación parlamentaria que permite prescindir de tales informes. Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide", recoge la declaración.

Las vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda han señalado que con esta declaración "se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que, de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos".

Estas vocales añaden que la declaración institucional "tan solo consigue situar a este órgano de gobierno en un campo de batalla política al que nunca debe bajar por respeto y obligada protección de la imagen de independencia e imparcialidad de aquellos a quienes gobernamos".

El vocal Enrique Lucas ha manifestado que siempre se ha opuesto a la aprobación de declaraciones institucionales de este tipo.