La Política Agraria Común (PAC) entra posiblemente este mismo año en una nueva era. Al menos, muchos de los conceptos inspiradores de la última versión van a tener que adaptarse a la realidad que han descrito los propios agricultores en las carreteras de toda Europa, si no a corto plazo, no tardando mucho más.
Ha quedado claro que Europa tiene y tendrá que hablar más con el campo y con sus organizaciones representativas, y que a partir de ahora, deberá negociar antes de que una idea cuaje en el corazón de un reglamento o de una directiva por ser difícil después amoldarla a las verdaderas circunstancias de cualquier sector, y ello pese al margen de enmienda que tiene siempre el Parlamento.
Es evidente que tanto los miembros de la Comisión como de la Eurocámara deberán abrir la participación para discutir el rumbo de ciertas políticas si quieren que prendan y nazcan con la raíz del consenso, y especialmente cuando se marquen objetivos donde haya que compatibilizar el derecho a producir con la preservación de nuestro entorno o de la misma biodiversidad, siempre tan complejos.
El nuevo Plan de gestión de las Zonas de Especial Protección de las Aves Esteparias (ZEPAS) de Castilla -La Mancha parece que parte de ese punto. Tras varias reuniones en el Consejo asesor de Medioambiente (CAMA), la consejería de Desarrollo Sostenible del gobierno regional asegura que es el mejor plan que podía lanzarse para los próximos cinco años, primero, porque se inspira en las grandes medidas del anterior, y porque cubre las necesidades y objetivos de los diferentes colectivos que ahora velarán por su cumplimiento a través de una comisión de seguimiento.
Quizás por eso, con la intención de despejar cualquier duda sobre la conformidad al menos de la parte agraria -la más sensible y recelosa-, el Presidente autonómico, Emiliano García-Page, estampó su firma junto a la del presidente de Asaja y a la del secretario de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) como organizaciones más representativas, en un acto -puede que excesivamente solemne- donde se subrayó el compromiso de seguir de la mano de los agricultores para chequear constantemente su validez. Cierto es que la fotografía hubiera sido más completa con la presencia de las asociaciones conservacionistas, aunque la Consejería asegura que también han ratificado los compromisos previstos.
El más importante es que activa otro cupo de 3.086 hectáreas para plantar leñosos dentro de esas zonas ZEPAS en un momento de clara expansión de estos cultivos, sobre todo de olivar y pistacho; no restarán las plantaciones de viñedo que se hagan dentro de la explotación en la que se hubiera arrancado.
El Plan también renueva los 41 millones de euros para compensar a los agricultores de herbáceos que voluntariamente quieran cumplir con las medidas agroambientales diseñadas para permitir la nidificación de las aves esteparias en sus propias explotaciones de cereal; son medidas que afectan a los períodos de siembra, de siega, hilerado y empacado.
Puede que la ventaja del nuevo programa es que, pasados los cinco primeros años de aplicación, se hayan podido ver las necesidades reales de nuestro campo. Entonces surgieron plataformas de afectados contrarios a ver limitados los derechos de crecimiento. Había una sensación de vértigo. Ahora la Consejería prefiere ir paso a paso, mientras constata además una movilidad de las aves que -al parecer- han ido variando también sus rutas y posaderos.