El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que a juicio del Ejecutivo "incumple el principio de deber de colaboración con el Estado" en materia de memoria.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que la decisión de recurrir la Ley 1/2024 de Aragón, por la que se deroga la anterior Ley de Memoria Democrática de la región, se ha tomado con el aval del Consejo de Estado y tras la negativa del Gobierno de Jorge Azcón (PP) a negociar sobre la norma.
"El Gobierno de España ha querido hablar, ha querido negociar y sentarse con el Gobierno de Aragón", ha sostenido Torres, quien ha señalado que el 2 de abril Moncloa comunicó oficialmente a Azcón su deseo de abrir "un diálogo", pero el 16 de mayo Aragón "comunicó por escrito que rechazaba esta invitación".
El Consejo de Estado, ha apuntado Torres, concluye que la ley aragonesa "incumple" su "deber de colaboración con el Estado" en la aplicación de la normativa nacional de memoria porque, por ejemplo, "retira las placas de señalización" de campos de concentración y lugares de memoria, "elimina del sistema educativo" la reparación de las víctimas y "la vulneración de los derechos durante los años de la dictadura", "elimina el mapa de fosas" y "dificulta" el acceso a la información por parte de asociaciones memorialistas.
El ministro ha reprochado al PP y Vox, que gobiernan en Aragón, "invisibilicen a las víctimas del bando democrático durante los años de la dictadura" e "impidan el trabajo de las asociaciones memorialistas", y ha avisado de que el Ejecutivo acudirá "donde sea preciso" para "impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura".
Por otro lado, cuando le han preguntado si el Gobierno prevé tomar esta misma medida contra las leyes de memoria que tramitan otras regiones gobernadas por el PP como la Comunidad Valenciana o Castilla y León, Torres ha indicado que el Ejecutivo actuará "en el momento en el que esas proposiciones de leyes se conviertan en leyes".
"Si se terminan aprobando como las conocemos, indudablemente arbitraremos el mecanismo inicial (de diálogo) y luego también iríamos al Tribunal Constitucional", ha señalado el ministro.