Alrededor de un centenar de profesionales de la justicia, entre abogados y procuradores del turno de oficio, han iniciado hoy una huelga indefinida y nacional para que se les reconozca los mismos derechos laborales y sociales básicos que al resto de los ciudadanos. Frente a las puertas del Palacio de Justicia, un nutrido grupo de profesionales que cubren estos servicios fundamentales han reclamado mejoras al tiempo que censuraban el escaso reconocimiento y retribución que reciben del Ministerio de Justicia.

Celeste Gutiérrez, una de las coordinadoras de la huelga en la ciudad, denuncia las «dificultades para poder trabajar en unas condiciones mínimas de dignidad». Tanto, que por llevar un caso que puede extenderse años, cobran una media de 178 euros, tres veces menos que en otras comunidades donde tienen transferidas las competencias de Justicia.

En el caso de los procuradores, indica Nieves Medina, cobran 24,34 euros por un caso penal, «que puede alargarse hasta 12 años», y 32,45 en asuntos civiles. «Es algo indigno», porque los procedimientos «son largos y costosos a cuenta de los profesionales», añade.

Los abogados (el 80 por ciento de los 85 que cumplen este servicio en la ciudad siguen la huelga) y procuradores (una veintena) del turno de oficio, se declaran así en huelga tras años sin actualizar baremos -la última actualización es de 2018-, «soportando un  trabajo invisible, arduo y en ocasiones no remunerado, sin reconocimiento social, sin vacaciones, sin descanso semanal, sin derecho a cotización, sin ser contratados», exponían en el manifiesto leído frente a los juzgados. Todo ello, indicaron, es un  claro ejemplo de «explotación laboral, lo que algunos llaman la esclavitud del siglo XXI».

El Ministerio de Justicia ofreció este año un 5 por ciento de subida, algo que no aceptaron por parecerles «ridículo». «Y es que el 5 por ciento de nada, es nada», asegura la  portavoz que recuerda que a pesar de ser España el país con más número de casos atendidos por el turno de oficio en Europa, sus profesionales perciben una cantidad  hasta 10 veces inferior que algunos países como Italia, o 5 veces menos que en Portugal. Esta comparativa «debería avergonzar a los responsables, a nosotros nos indigna».

La situación se ha vuelto «insostenible» al ser los profesionales del servicio reconocido en la Constitución los que costean la infraestructura física «para que la asistencia gratuita se lleve a efecto atendiendo a los solicitantes sin que nos sea abonado el coste de dinero y tiempo que nos supone mantener el servicio a los más vulnerables». A ellos, piden comprensión por la huelga y les aseguran que será para  mejorar el servicio.

Lamentan que su salario es una «indemnización irrisoria, eso sí, sujeta a IRPF» sin derecho, tampoco, a jubilación.

Reivindicaciones. Los profesionales del turno de oficio de Talavera reclaman al nuevo Ministerio de Justicia la regulación jurídica de su actividad, retribuciones dignas, retribución de la totalidad de las actuaciones realizadas, abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio y la actualización anual de las retribuciones conforme al IPC.

Asimismo, exigen cotizar a la Seguridad Social con efecto retroactivo, derecho a la conciliación, descanso y desconexión digital, reducción de la carga burocrática y derecho a la formación gratuita a cargo de la administración. El reconocimiento de la condición de autoridad y campañas de sensibilización para visibilizar y dignificar la profesión cierran el listado de peticiones para que este huelga concluya.

Los de Talavera han sido algunos de los profesionales de la justicia en la región que se han sumado a la convocatoria surgida en redes sociales a niveles nacional, por lo que animan al resto de compañeros de la provincia  y de España «a secundar la huelga y luchar por dignificar la profesión».