A la Junta de Castilla-La Mancha le toca asumir el 70 por ciento del coste del sistema de Dependencia. Así lo revela el último informe de la Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Cogiendo el último año cerrado (2023) el gasto certificado ascendió a 533 millones de euros. El Gobierno regional aportó 374 millones de euros, un 70,1 por ciento, mientras que el Gobierno de España puso 159 millones de euros, un 29,9 por ciento del total. 

Este desajuste entre lo que pone la comunidad autónoma y lo que pone el Estado se repite en todas las regiones, aunque con diferentes porcentajes. La media del país está en un 71,43 por ciento de aportación de las arcas autonómicas. Se lleva la palma el País Vasco, rozando el 84 por ciento. En el lado opuesto está La Rioja, con un 59 por ciento. 

El informe explica que en términos generales el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista. Esto se rompe en 2021, cuando se produce un incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque. Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncian que hay comunidades que aprovecharon «para retirar parte de su financiación».  

En Castilla-La Mancha la inversión por persona potencialmente dependiente está en 1.876 euros, una cifra ligeramente superior a la media (1.815). De 2020 a 2023 la variación interanual del gasto autonómico en Castilla-La Mancha ha sido del 1,9 por ciento.