El Gobierno de Castilla-La Mancha participa como miembro activo en la red de trabajo internacional de regiones impulsada desde la OCDE para poner en común las medidas que se están llevando a cabo en aquellas regiones afectadas por la despoblación.

Así lo ha explicado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, quien ha avanzado que la región trasladará todas las buenas prácticas que se están impulsando desde la región para hacer frente al reto demográfico y que tan buenos resultados está generando.

El vicepresidente primero ha participado en la jornada de trabajo en la que, ante representantes de la OCDE y de regiones de Canadá, Corea del Sur y Rumanía, ha expuesto las medidas y los resultados de la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha tres años después de su aprobación que dejan, entre otras cifras, un saldo migratorio positivo que suma 11.368 habitantes en aquellas zonas más despobladas de la comunidad autónoma.

La sesión desarrollada en París ha comenzado con la reunión para tratar la cooperación entre Castilla-La Mancha, España, y la OCDE y en ella el vicepresidente primero ha explicado las políticas regionales puestas en marcha por el Ejecutivo regional en materia de despoblación. Un encuentro en el que estuvo presente el embajador de España en la OCDE, Ximo Puig, y el representante permanente de la delegación de España ante la organización, Manuel Montobbio.

Seguidamente, el vicepresidente ha mostrado las medidas de Castilla-La Mancha en una exposición que siguieron online representantes de regiones de Canadá, Rumanía y Corea del Sur que están haciendo frente al reto demográfico, donde «hemos podido trasladarles todas las iniciativas de garantía de servicios públicos, apoyo a emprendedores o medidas fiscales, diseñadas para apoyar a las personas que viven en estos territorios», ha señalado.

Financiación para el mundo rural. Tras esta intervención y una vez intercambiado experiencias con los representantes de dichos países, Martínez Guijarro ha reiterado que el coste de la prestación de los servicios públicos es muy superior al coste en las áreas urbanas y ha puesto de ejemplo la provincia de Guadalajara en la que el coste de la prestación sanitaria es cinco veces mayor en Molina de Aragón, catalogada como extrema despoblación, a la que supone en la capital guadalajareña.

En este sentido, ha apelado a que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta ese coste efectivo en las zonas rurales para que se pueda seguir apostando por la garantía de esos servicios en estos territorios, a la vez de que ha advertido de que si se diseña una financiación singular «habrá menos recursos para mantener los servicios públicos en las zonas rurales».

Siguientes pasos. Durante su intervención, ha avanzado que ya se está trabajando en el diseño de las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural para cada una de las 26 zonas delimitadas y catalogadas como despobladas en la región, con el fin de bajar la lupa a cada uno de esos territorios para identificar los problemas específicos de cada una de estas zonas. El objetivo, ha dicho, es tanto reconocer los estrangulamientos como identificar las fortalezas.

Asimismo, ha recordado que en 2025 se hará una revisión intermedia de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, la principal herramienta de aplicación de la Ley de medidas contra la Despoblación.