El alcalde de Mora, Emilio Bravo, altera el tono cuando elucubra sobre las intenciones del espionaje masivo de expedientes municipales. «Era una obsesión con meterse en la vida privada de mis vecinos. ¿Qué buscaban? ¿Qué pretendían? ¿Con qué intención iban», concetena las preguntas retóricas.

El jefe informático del Consistorio descubrió el 29 de febrero la brecha de seguridad en el sistema municipal. Sólo entre enero y febrero, los autores habían espiado más de 1.500 expedientes relativos a toda la actividad municipal, como informes de la Policía Local o nóminas de los trabajadores. Para ello, utilizaron un ordenador en concreto de la red del Ayuntamiento y varios externos.

La investigación ha revelado de momento que la primera conexión con esa clave maestra sucedió en abril de 2023, precisamente un mes antes de las elecciones municipales. Resulta también inquietante que esa contraseña válida fue creada cinco años atrás, en 2018, durante unos cursos de formación.

La revisión ha permitido de momento constatar los expedientes consultados entre enero y febrero de este año. El frenético espionaje se consumaba a cualquier hora del día, incluso muchas veces en una sola jornada, explica el alcalde. «Voy a llegar hasta el final caiga quien caiga. Y voy a ir a por ellos. Llegaré hasta el final», enfatiza Bravo, quien denunciará en los tribunales esta intromisión comunicada ya a la Agencia Española de Protección de Datos.

El Ayuntamiento de Mora informó el miércoles a los medios de comunicación de esta brecha de seguridad denunciada la semana anterior en la Agencia Española de Protección de Datos. El consistorio había detectado un acceso no autorizado mediante un uso fraudulento del programa informático municipal.

Esa clave maestra procede de la usada por un consultor que dio formación a los trabajadores municipales cuando aterrizaron unos programas de gestión documental necesarios para la administración digital.

El Ayuntamiento de Mora ha difundido un edicto para informar a todos los vecinos sobre la posibilidad de que hayan sido víctimas de este tratamiento ilícito de sus datos personales, tal y como establece el Parlamento Europeo.

Ahora, el Ayuntamiento espera la finalización de unos informes para la presentación de la denuncia. Según el del Delegado de Protección de Datos municipal, el autor o autores pueden haber incurrido en unos hechos graves con consecuencias administrativas y penales. El Ayuntamiento ofrece a los vecinos sus dependencias para solicitar más información sobre una brecha de seguridad que mantiene escamado al alcalde.