Los sindicatos insisten en los efectos positivos que para los trabajadores tendría una jornada laboral de 37,5 horas semanales como el principal argumento de una apuesta que trata de cambiar el modelo horario vigente desde «hace más de 40 años», recuerdan desde UGT y CCOO. La iniciativa topa con el rechazo de la patronal, ante cuya sede toledana se manifestarán mañana las dos centrales mayoritarias mañana, una protesta que se reproducirá en otras capitales y grandes ciudades del país.
La propuesta para reducir la jornada laboral incluye dos fases a aplicar en años diferentes: la primera, limitaría hasta las 38,5 horas el tiempo de trabajo semanal; la segunda, recortaría una hora extra. Ambos sindicatos negocian con el Ministerio de Trabajo un cambio que se aplicaría en el sector privado. «Los beneficios empresariales y la productividad no han dejado de crecer en este tiempo», apunta Federico Pérez, secretario general de CCOO Toledo.
Por su parte, Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, abunda en que «los motivos que ofrece la patronal para no reducir la jornada laboral son los mismos que daba hace 41 años». La representante les invita a «adaptarse a la realidad» imperante en el mercado de trabajo, un escenario muy diferente al de décadas pretéritas. El paulatino aumento de la productividad, «que ha venido de la mano de la automatización y la digitalización», abre la puerta a un recorte que los dos centrales defienden como «una cuestión de justicia social».
La petición de los sindicatos trata de «desterrar la idea» que relaciona más horario con más productividad. Además, anteponen el criterio de la calidad al de la cantidad. «Hay motivos, hay estadísticas y hay ejemplos que podemos mirar en otros países», esgrime Carrascosa. En aquellos, «la jornada efectiva de trabajo es inferior y, sin embargo, están a la cabeza de productividad». Otros dos efectos positivos que la reducción acarrearía, según el análisis sindical, se relacionan con la conciliación y las nuevas contrataciones.
Más allá de los empleados públicos, con una jornada que, con carácter general, se fija en las 35 horas, «ninguno de los convenios sectoriales de la provincia de Toledo», dice Pérez, recoge una jornada inferior a la de las 37,5 horas que se pretende implantar.
Asimismo, ambas organizaciones discrepan de que tal medida pueda resultar lesiva para las empresas que cuentan con una plantilla pequeña, uno de los argumentos que reitera la patronal. «Las pymes tienen que dar más tiempo de descanso a sus trabajadores; ese cúmulo de horas se puede repartir con mas días de vacaciones o de descanso», indica Pérez. Para el representante de CCOO se trata de un «discurso malintencionado» que sirve para poner a las pequeñas empresas en contra de esta iniciativa.
La campaña de «concienciación» con que las organizaciones sindicales explican su postura prevé más movilizaciones en el futuro. «Esto no es ningún caos, ni va a suponer el cierre de empresas o algún tipo de despidos; ese el discurso alarmista y tremendista de la patronal», agregan desde CCOO.
VIGILAR EL REGISTRO HORARIO. Además de la reducción de jornada, los sindicatos persisten en la importancia de un control efectivo del registro horario de los empleados. Ambas organizaciones piden que tanto los representantes de los trabajadores como la inspección laboral puedan «acceder telemáticamente y en cualquier momento» a esos datos, una garantía que permitiría «acabar con el fraude» que existe en algunos sectores «como el comercio o la hostelería», apunta Pérez. Además, el recuento abriría la puerta al pago de las horas extra que no se remuneran y que tampoco suponen contrataciones añadidas.
«No sirve de nada una reducción de jornada si no existe un registro horario», remarcan desde UGT. Estos apuntes, de carácter obligatorio, deben resultar «accesibles, objetivos y fiables». Los representantes de los trabajadores, además, reclaman que las horas extra se paguen un 25% más que las estipuladas por contrato.