La Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha iniciado el proceso de licitación para la constitución del derecho de superficie destinado a la rehabilitación integral y la gestión de viviendas energéticamente eficientes en régimen de alquiler asequible o social en los bloques 1, 2 y 3 de una finca de su propiedad en calle Capitán Cortés, 6 de Talavera. Se trata de las antiguas viviendas de los peones camineros, con las que se pretende acometer un proyecto que implica la participación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Junta de Comunidades para financiar la rehabilitación de estos tres bloques para la construcción de 24 viviendas destinadas al alquiler asequible.

Con este fin se firmó en marzo del año pasado un convenio entre la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y la directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha, Inés Sandoval, por el cual el Ministerio aportará, con cargo a los fondos NextGenerationEU, 1,1 millones de los 3,9 millones de euros de inversión prevista en la ejecución del proyecto. Por su parte, las viviendas se desarrollarán en régimen de colaboración público-privada por la Junta de Comunidades,  a través de la cesión de un derecho de superficie sobre un suelo de su titularidad.

Como informaron desde la Junta, el proyecto contará con una ayuda de casi el 30% del coste total de la actuación y recalcaron que este acuerdo tiene como objetivo principal «ampliar la oferta de vivienda en régimen de alquiler en Talavera de la Reina», recurriendo para ello a los fondos europeos Next Generation y a un modelo de colaboración público-privada.

De esta manera, el Gobierno regional pondrá a disposición del sector privado el suelo y las viviendas a rehabilitar y concederá ayudas para la rehabilitación. A cambio, el sector privado se encargará de realizar la rehabilitación integral y de la gestión del alquiler.

Este sector privado se ocupará así de la selección de las personas y familias arrendatarias, teniendo como único requisito que la unidad de convivencia no tenga ingresos superiores a 3.000 euros y que estén inscritos en el registro de demandantes de vivienda, según precisaron desde el Gobierno regional en la firma del convenio.

El procedimiento abierto para desarrollar este proyecto es de tramitación ordinaria y abierta mediante concurso. Se seleccionará la oferta económicamente más ventajosa mediante una serie de criterios. 

El presupuesto mínimo de licitación de la parcela para la constitución del derecho de superficie se fija en un canon superficiario anual de cero euros.

El presupuesto de las obras de rehabilitación está estimado en 3.949.156 euros, con una estimación de ayuda económica por parte del Ministerio de 1.086.956 euros, lo que supone el 27,52% de la cuantía total. El 72,48% restante lo aportará el licitador que se alce con el derecho de superficie de la parcela, lo que supone un importe de 12.862.200 euros. El plazo de presentación de proposiciones está abierto hasta el próximo 3 de abril.

Viviendas a rehabilitar. Las antiguas viviendas de peones camineros se sitúan en la calle Capitán Cortés, en el centro de la ciudad. Se trata de 24 viviendas distribuidas en tres bloques de cuatro plantas cada uno y tienen una superficie construida de 86,57 metros cuadrados, contando con salón, cocina, tres dormitorios y un baño.

Actualmente, se encuentran en un estado de deterioro derivado de haber permanecido deshabitadas desde hace más de diez años, por lo que precisan de esta rehabilitación integral.

Esta actuación deberá estar finalizada en agosto de 2026, tal y como recoge el decreto de la Consejería de Fomento en el que se regula la concesión directa de la subvención para la recuperación integral de estos edificios.

Se establece como condición que el proyecto cumpla con el etiquetado climático y medioambiental, siguiendo el certificado de eficiencia energética del edificio. Se establece además que la entidad beneficiaria podrá obtener una subvención proporcional a la superficie útil de cada una de las viviendas de hasta un máximo 700 euros por metro cuadrado de superficie útil. La cuantía máxima de la subvención no podrá superar los 50.000 euros por vivienda y la cantidad total de 1.086.000 euros, un 27,5 por ciento de la inversión total, cifrada en casi 4 millones de euros. 

Las viviendas financiadas con cargo a la subvención regulada en el citado decreto solo podrán ser destinadas a alquiler social, para personas que no sobrepasen unos ingresos de 5 veces el IPREMy que vayan a tener en ellas su domicilio habitual y permanente. Asimismo, los arrendatarios deberán estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública de la Junta.

La subvención se concederá de forma directa y se contempla la posibilidad de anticipar el primer pago, por un importe del 30 por ciento del total, previa solicitud de la entidad beneficiaria.