Este jueves entra en vigor el decreto publicado ayer en el BOE que otorga rango de ley a una nueva colonización de Sánchez que, suma y sigue, continúa empeñado en ocupar toda institución pública. Por afán de supervivencia y por contentar a sus socios, ecuación predominante en la presente y en la pasada legislatura. Un nuevo cambio de opinión, uno más, ha llevado al presidente del Gobierno a enmendar sus declaraciones en las que abogaba por la independencia de la televisión y la radio pública. «Mi compromiso es que RTVE no esté al dictado de ningún gobierno ni partido», afirmó en su momento. Mal han envejecido estas palabras, tanto como el criterio de quien las pronunció en 2018.
Alejado del ruido de una actualidad política enfangada entre querellas y acusaciones cruzadas, se sellaba un acuerdo con el que Gobierno, una vez más, aísla a la oposición en el proceso de conformación del Consejo de Administración de la Corporación ampliando, en primer lugar, el número de consejeros de 10 a 15. El decreto mantiene la mayoría de dos tercios en la primera vuelta para su elección, si bien los nombramientos podrán prosperar en segunda votación por mayoría absoluta de 176 diputados en el Congreso, de donde saldrán once de los 15 consejeros. Las migajas quedan para la Cámara Alta donde el PP podrá elegir a los cuatro restantes. La maniobra, colonizadora de manual, acordada con ERC, Junts y Bildu, a los que abre la puerta del Consejo, expone la ya de por sí comprometida independencia de la televisión y la radio pública, en manos de ahora en adelante del Gobierno y socios y, a futuro, de los que vengan.
La situación de interinidad del ente público no es la idónea, pero que se utilice el bloqueo propiciado por la nula voluntad de diálogo del Ejecutivo sanchista con la oposición es un gesto de dudosa calidad democrática. El PP ya ha trasladado su rechazo a la medida ante la Comisión Europea. Apuntaba ayer la eurodiputada popular Dolors Montserrat que «Sánchez quiere que RTVE sea su propia maquinaria de propaganda». El malestar también llega desde dentro. Los consejos de informativos de RNE y TVE piden «acuerdos políticos» y «mayorías cualificadas» en la elección de los consejeros y del propio presidente, que ostentará más poder.
El movimiento, aunque no sorprende, es grave y se explica por la lógica expansionista de un ejecutivo obligado, por la debilidad que le otorgaron las urnas, a gobernar a golpe de decreto. Ejemplos hay a pares, desde la Fiscalía del Estado al CIS de Tezanos pasando por la colocación del exministro Escrivá al frente del Banco de España. Hacerse con los mandos de RTVE llama más la atención viniendo de un presidente en plena cruzada por la salubridad de los medios. Acabar con la pluralidad y golpear la independencia de los medios públicos, por lo visto, debía ser parte del plan de regeneración democrática sanchista.