Si el Ayuntamiento de Toledo tiene dinero para pagar una seguridad privada esta Semana Santa, ha apuntado el concejal socialista Carlos Vega, «a lo mejor se puede emplear en atender lo que se adeuda a la policía». Además, Vega pidió cuidado con la seguridad privada, dado que puede haber usurpación de funciones. Puede colaborar con la Policía Local, pero nunca dirigir el tráfico, por ejemplo. De forma que «el camino más directo es negociar con la Policía».
Para el socialista, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es pagar los servicios prestados y cumplir con lo firmado en el seno del II Plan de Modernización de la Policía Local, que ya recogía hace un año las claves para organizar mejor el cuerpo. Un Plan, explicó al actual equipo de Gobierno, que es «totalmente legal», como atestigua el visto bueno del interventor, que solo apuntó en su informe «observaciones». Las mismas que en su informe a los presupuestos donde detecta un déficit económico en Seguridad Ciudadana. Así que «el interventor pone observaciones a la gestión de quien gobierna».
Vega ha recordado que el Plan se venía trabajando desde octubre de 2022, cuando comenzaron las reuniones. Pasó por la Mesa General de Negociación con todos los sindicatos. Y hace justo ahora un año, el 19 de marzo de 2023, se hizo público su dictamen técnico jurídico que lo avalaba. Lo desarrollaron profesores de Derecho Administrativo de la UCLM, que realizaron un estudio en el marco de la Unión Europea, del ordenamiento y la jurisprudencia. «Está guardado en el Ayuntamiento, así que son conscientes de que hay jurisprudencia que avala el Plan de Modernización», apuntó Vega. Por ejemplo, avala que cualquier periodo de guardia localizada debe ser considerada tiempo de trabajo.
Finalmente, dos días antes de la firma, el 23 de mayo hubo un informe del interventor «con observaciones, nunca con reparos» donde señalaba «que se ajusta a disposiciones legales y reglamentarias que le son de aplicación». Además apunta que la propuesta puede tener efectos positivos sobre los desajustes de la plantilla en los cuadrantes anuales.
El problema, apuntó Vega, es que desde 2015 a 2023 las actividades en la calle en la ciudad y en la calle se han ido incrementando, lo que ha requerido muchos más servicios extraordinarios (diferentes de los excepcionales por una urgencia). De ahí que la propia Intervención pidiera una organización.
El Plan se firmaba después de mucho trabajo tres días antes de las elecciones. Fue, apuntó Vega, con la intención de facilitar el trabajo al siguiente equipo de Gobierno, que parecía continuista. Regula el derecho a la desconexión digital. Constata que las guardias localizadas son trabajo efectivo. Supone la organización de los servicios de Policía Local. Y solo afecta a los que voluntariamente prestan el servicio. El objetivo era convertir en voluntario el trabajo en eventos extraordinarios. Para ello se acomodan las guardias extraordinarias en la planificación anual, que debe estar a 31 de diciembre. Con la plantilla actual serían casi cuatro agentes de guardia cada día y cada agente conocerá sus diez días de guardia.
Para todo ello, se basa en el complemento individual de conectividad digital, las medidas para reducir gratificaciones para los servicios extraordinarios y la construcción del nuevo cuartel en la calle Dinamarca. Ninguna de las medias las está cumpliendo el nuevo equipo de Gobierno. Tampoco está cumpliendo con el compromiso de ampliar la plantilla.
De hecho, criticó Vega, el interventor también realizó observaciones en su informe del 20 de noviembre a la propuesta de presupuestos, donde señalaba que «el crédito para cubrir los trabajos extraordinarios es inferior a las obligaciones reconocidas durante los últimos ejercicios. Se valor insuficiente el crédito para 2024». Pero se aprobaron los presupuestos.