El Gobierno tiene previsto hacer cambios en la fórmulas de integración urbana de la Alta Velocidad a través de una racionalización, que supondría limitar los soterramientos a los casos estrictamente necesarios. Lo explicó ayer en el Congreso de los Diputados el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una primera comparecencia parlamentaria para explicar las líneas principales de su departamento en esta legislatura.
Puente dedicó un apartado de su intervención en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible a defender posiciones que considera más realistas sobre los trazados urbanos de las líneas de AVE. Según el ministro, en este momento los protocolos de integración firmados en el conjunto de España suponen un importe, sin actualizar, de 28.000 millones de euros. «Comprenderán que es imposible abordar todos y cada uno de ellos», advirtió. «Si somos honestos con la ciudadanía de todos los territorios de este país tenemos que empezar por decirles que algunas expectativas no se pueden cumplir», añadió para asegurar que esa cantidad supondría que en materia ferroviaria en los próximos 12 o 14 años solo se podría invertir en estos proyectos de integración.
El modelo de integración urbana del AVE a su paso por Talavera está sin cerrar, pendiente de la resolución de alegaciones del estudio informativo, aunque sobre el proyecto anterior se llegó a firmar un protocolo entre el Gobierno nacional, regional y local para financiar el soterramiento.
En esta tesitura, las palabras de ayer de Óscar Puente pueden suponer un jarro de agua fría a las expectativas de soterramiento, respaldadas de forma prácticamente unánime por todas las instancias en Talavera. «Tenemos que adoptar soluciones realistas y esas soluciones muchas veces pasan por soluciones más amables y eficaces para integrar el ferrocarril en las ciudades, eliminando barreras urbanas y reduciendo significativamente y a corto plazo los efectos visuales y acústicos para los vecinos que habitan cerca de las vías», explicó el ministro.
Puente defendió que no puede haber arbitrariedad en la toma de decisiones en materia de infraestructuras y anticipó que va a haber también un cambio en la forma de financiar estos proyectos que son, dijo, «inversiones públicas de carácter más urbano que ferroviario». «Por ello», señaló, «vamos a promover la implantación de un modelo de reparto de obligaciones financieras atendiendo a las competencias de todas las administraciones públicas».