El Ministerio de Agricultura acaba de abrir con las comunidades autónomas el melón de la primera reforma de la reforma agraria. Y lo hace con un calendario de trabajo para preparar los primeros cambios tras el primer año de aplicación, posiblemente con datos todavía muy prematuros.
Sin embargo, los tiempos no son generosos si tenemos en cuenta que antes del próximo 15 de febrero, las consejerías deben haber presentado sus propuestas de flexibilización, para que el departamento que dirige Luis Planas, elabore el primer informe anual de rendimiento, relativo al ejercicio financiero de 2023.
En el caso de Castilla-La Mancha, los técnicos de la Viceconsejería de Política Agraria que dirige Gracia Canales, vienen trabajando en dos ideas sencillas, aunque muy directas al corazón de esta PAC.
Por una parte, para exigir la reducción de la enorme burocracia que ha traído consigo por controles administrativos, ahora mucho más exigentes y engorrosos para el propio beneficiario de las ayudas públicas, como se ha visto con la monitorización. Solamente este filtro provocó más de 20.000 incidencias que retrasaron los pagos de estos expedientes, además de obligar al afectado a geolocalizar sus parcelas con un sistema totalmente desconocido, cuando el cultivo declarado en muchos casos, prácticamente no existía.
La otra cuestión, la necesidad de adaptar las condiciones de gestión de las cubiertas vegetales de determinados ecorregímenes, cuyo cumplimiento resulta casi imposible en muchas comarcas de la región por la escasa pluviometría. Y en este mismo contexto, se aboga por la disminución de la carga ganadera ante la escasez de pastos, como se ha sufrido en la última campaña tras largos meses sin precipitaciones.
Después de un primer intercambio de impresiones en la reunión de la semana pasada, el MAPA convocará de nuevo al comité de seguimiento del Plan Estratégico (PEPAC), ya que el 1 de marzo está previsto que arranque un diálogo informal entre el Gobierno y la Comisión Europea para negociar las posibles modificaciones que entrarían en vigor el 1 de enero de 2025.
Planas quiere remitir la propuesta en verano, previo dictamen de todas las comunidades autónomas en conferencia sectorial. Y es ahí donde será inevitable que renazca la confrontación política o -como poco- las tensiones territoriales como ya se ha apreció en alguna reunión reciente. No olvidar que alguna comunidad está ya en clave electoral.
En todo caso, el Ministerio de Agricultura advierte de que las modificaciones se centrarán en ajustes técnicos, teniendo en cuenta que solo se disponen de datos de un año de aplicación. Y subraya que cualquier propuesta que reduzca la ambición ambiental del PEPAC, o modifique sustancialmente la estrategia de intervención de esta reforma, «difícilmente será asumible por la Comisión y retrasará o impedirá la adopción de cualquier otra modificación en el primer o segundo pilar».
Precisamente es el segundo pilar el que más puede doler a cualquier territorio porque es la principal herramienta para hacer verdadera política agraria autonómica a través del desarrollo rural que también cofinancian.
De momento, nadie ha asomado mucho la patita, aunque el debate está servido. Castilla -La Mancha, por ejemplo, no renuncia a reclamar una revisión del programa específico del olivar, cuyo principal presupuesto se ha quedado en las hectáreas de Andalucía. Y aquí, cuenta con un gran aliado: la agrupación regional de cooperativas.