En una semana de polémicas relacionas con el diálogo social, los empresarios de la provincia de Toledo representados en Fedeto, no se niegan a negociar, pero se considera legítimo no aceptar imposiciones ni amenazas.

La legislación laboral debe modificarse en base a criterios técnicos y económicos, sobre los que puede existir un cierto margen para la discrecionalidad. Lo que para Fedeto en ningún caso es admisible es que se busque rédito electoral a través de modificaciones legislativas que surgen de la arbitrariedad política.

El Ministerio de Trabajo debe mantener la equidistancia entre las partes que conforman el diálogo social. No puede ser un aliado permanente de los sindicatos frente a los representantes de los empresarios, cuyas propuestas ignora de forma permanente.

Los salarios, los contratos laborales y la jornada laboral no dependen de la voluntad del empresario ni tampoco de la voluntad del gobierno, dependen de la evolución del mercado y de la coyuntura económica.

Consideramos progresista adoptar medidas que provoquen, al mismo tiempo, desarrollo económico y avance en derechos sociales. Pero rechazamos el intervencionismo arbitrario sólo provoca regresión económica y costes inasumibles para las empresas.

Tras imponerse por el Ministerio de Trabajo la subida del salario mínimo interprofesional, Fedeto teme que, ahora, se imponga la reducción de jornada. No existe ningún argumento técnico que justifique esta medida y menos manteniendo los salarios pese a que la jornada sea inferior.

España se muestra inestable y genera incertidumbre adoptando medidas laborales improvisadas que suponen un obstáculo para ser empresario y un incentivo para no contratar y para impulsar exponencialmente la economía sumergida.

La incertidumbre, las dobles imposiciones, la creación de nuevas figuras impositivas, las subidas de impuestos, la inseguridad jurídica, inestabilidad política o desigualdades territoriales provocan la deslocalización de empresas y el traslado de sus inversiones a otros países en los que hay seguridad jurídica real y donde la incertidumbre económica es menor. En España en 99% de las empresas son pymes y autónomos que no pueden hacerlo, de modo que sufren una agonía permanente o desaparecen.