Los casi 200.000 metros cuadrados que Castellana de Bebidas Gaseosas (Casbega) reservó en 2010 en la ampliación del polígono industrial de Toledo para la construcción de una planta de zumos y aguas funcionales quedó fuera del proceso de fusión realizado en 2013 por las siete embotelladoras españolas que se repartían el mercado nacional de los productos Coca-Cola. Los terrenos son en la actualidad de una sociedad patrimonial vinculada a un antiguo accionista de Casbega y Norbega, que llegó a controlar el 5%de Coca-Cola Iberian Partners y que ha terminado por  vender su participación en la companía tras la ‘megafusión’ europea que ha supuesto la integración de ésta en  Coca-Cola European Partners.

La principal causa de que Coca-Cola Iberian Partners no tenga entre sus activos la parcela donde Casbega quiso instalarse, -lo que podría suponer el abandono definitivo de un proyecto que hubiera supuesto para la ciudad de una inversión de 100 millones de euros y la creación de más de 250 empleos directos y otros tantos indirectos-  es que la compra del suelo industrial nunca se llegó a materializar. Y es que Casbega desembolsó  3,5 millones de euros en concepto por la reserva de una parcela, cuyo coste total ascendía a 11,96 millones.

La falta de la propiedad definitiva del suelo -sólo existía una expectativa de compra que se llevará a efecto cumpliendo unos plazos que obligaban también al agente urbanizador del suelo, la extinta Empresa Regional del Suelo (ERES), obligó a Casbega a dejar su proyecto toledano fuera de la órbita de la fusión de las embotelladoras españolas, situación que complica que éste se llegue a materializar y que pudo llevar a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, a afirmar el pasado miércoles que «había perdido ya la esperanza de que Coca-Cola se instale en Toledo».

La operación de compraventa está pendiente ‘sine die’ por dos motivos. El primero la crisis económica que ralentizó también el consumo de refrescos. Pero, sin duda, el determinante fue la paralización de la urbanización de los terrenos realizada por el Gobierno de Cospedal.

Casbega adelantó como señal 3,5 millones de euros, cantidad que se corresponde con el 30%del precio total de la parcela. El resto del calendario de pagos venía recogido en el pliego de condiciones que ERES redactó y que regulaba la venta de las 23 parcelas de suelo industrial que configuraban la ampliación del polígono industrial de Toledo. En dicho documento se fijaba que los desembolsos de la cantidad de dinero restante vendrían determinados, entre otras cosas, por el avance de las obras de urbanización que nunca llegaron a adjudicarse.

El argumento esgrimido por el anterior gobierno regional fue que era inviable desarrollar 330.000  metros cuadrados de suelo industrial cuando sólo Casbega mostró un interés cierto por la compra de una parcela, ya que fue la única empresa que realizó una oferta por alguna de las 23 parcelas en liza.

Aunque es cierto que se trataba del solar más grande -184.890 metros cuadrados-, su precio de venta -11,96 millones de euros sin IVA-, esta cantidad no llegaba a cubrir ni siquiera la mitad de los costes de urbanización del plan parcial, ya que el concurso para ejecutar las obras de ejecución de la urbanización de los terrenos del polígono salió a licitación por 34 millones de euros IVA incluido y por el que las empresas urbanizadoras debían presentar ofertas a la baja.

Un cúmulo de circunstancias que deja en el aire un proyecto que iba suponer una inversión de cien millones de euros y la creación de al menos 250 empleos directos y otros tantos indirectos.