La Comisión de Hacienda también  lleva en el orden del día de la sesión del viernes la formalización del nombramiento de Esther Martín Sánchez, como nueva presidenta del Tribunal Económico Administrativo Municipal en base al acuerdo plenario que se ha alcanzado el 27 de junio en la sesión que celebró este organismo.

Hacienda somete como trámite ordinario de camino al Pleno municipal de la próxima semana el nombramiento a este trámite ordinario y este organismo municipal cambia de presidencia tras la labor ejercida por Julia Gómez Díaz, jefa de servicio de Patrimonio, Contratación y Estadística, hasta la fecha. Si bien, no se desvinculará del organismo porque ejercerá como vocal a partir de ahora.

Además, el organigrama del Tribunal Económico Administrativo Municipal también designa como  vocal a Jesús Labrador Encinas, alto funcionario de la Diputación Provincial de Toledo y excandidato a la Alcaldía de la ciudad. 

En esta misma sesión, Labrador solicitó que constara en acta en aquel momento el agradecimiento a la labor desarrollada durante todos estos años por la presidenta del Tribunal Económico Administrativo hasta ahora, Julia Gómez, un gesto que también repitió con Teresa Isabel Guzmán Pavón, vocal de este organismo hasta el mes de febrero.

La siguiente sesión del Tribunal Económico Administrativo Municipal se celebrará el 25 de septiembre, a las 12.30 horas. De momento, se desconoce los asuntos que se llevarán a la mesa en este día señalado. 

Al Tribunal Económico Administrativo no le faltó trabajo el año pasado según se desprende de su última memoria de actividad, un informe que desvela que recibió 102 reclamaciones económico-administrativas en 2023 a pesar de que se redujeron en un 38,2% respecto a 2022. 

Aun así, este órgano especializado mantiene una intensa actividad que se tradujo en la resolución de 108 reclamaciones, incluidas las inadmitidas, a lo largo del ejercicio, quince menos que en 2022. Por tanto, la memoria de actividad indica que el 31 de diciembre pasado aún quedaban 89 pendientes.

En este caso, el tribunal, que canaliza el derecho de defensa de los ciudadano en materia tributaria y recaudatoria, volvió a llamar la atención en relación a la litigiosidad derivada  de la plusvalía municipal con 56 reclamaciones, un dato que confirmó también una caída del 45% respecto al año anterior.