«Alrededor de 100.000 euros en cinco años». Es la cuantía que calcula el portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, que la Hermandad Virgen del Valle ha cobrado durante los últimos cinco años por el alquiler del Kiosko Base a pesar de que el establecimiento hostelero que gestiona Esther Linares y su familia desde hace 39 años se encuentra «en suelo de dominio público municipal». 

Fernández considera que el Ayuntamiento «debería saber» que  es «el único beneficiario» de la explotación de este negocio familiar  y denuncia que esta hermandad  «siga cobrando los derechos de este suelo» situado junto a la ermita cuando no es de su propiedad. 

El portavoz lleva preguntando y solicitando que se aclare este asunto desde hace un par de años, pero reconoce que únicamente ha recibido «largas», aunque recientemente ha recibido un escueto informe del arquitecto técnico municipal «que certifica que es suelo de dominio público» y señala que la citada hermandad ha ido ganando terreno, como apuntan los datos del Catastro,  puesto que en 1960 la superficie ligada al colectivo no alcanzaba los 900 metros cuadrados y en el planeamiento vigente «ahora figuran 1.088 metros cuadrados».

En este caso, el portavoz de IU-Podemos tacha de «inmoral» tanto la actitud de la hermandad como la del propio Ayuntamiento, la primera por cobrar «por algo que no es suyo» durante tantos años, y el segundo por permitir «este privilegio».

Por tanto, este grupo municipal solicita al concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, que inicie los trámites correspondientes y exija a la Hermandad de la Virgen del Valle que devuelva los últimos cinco años de alquiler cobrados por el arrendamiento del kiosko base. Fernández recuerda además que con esos 100.000 euros, la administración municipal podría aumentar las becas de la Escuela de Idiomas y destinar la cantidad a otros servicios municipales en beneficio de los toledanos. 

Por otra parte, también el portavoz de IU exige a Vox, «que tanto se vanagloria ante otros partidos de su escrupulosa defensa de las administraciones públicas», que reflexione sobre la situación y, sobre todo, sobre el papel que ha tenido el concejal de Promoción Económica, Juan Marín, como abogado de la hermandad, «defendiendo los intereses privados por encima de los intereses públicos».

En vista de la situación, el portavoz de IU- Podemos invita a Marín, concejal de Vox, a decidir «si debe o no dimitir» de su cargo municipal. Al mismo tiempo, también pide al alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, «que tome cartas en el asunto y piense si Marín tiene o no que dimitir «por no haber defendido los intereses del Ayuntamiento porque es dinero de todos los toledanos y ha terminado en esta hermandad».

Acciones legales. La arrendataria del Kiosko Base, Esther Linares, está estudiando acudir a los tribunales por la titularidad del terreno y considera «que lo justo es que ese dinero se recaude para los toledanos». Sin embargo, es consciente de que «el Ayuntamiento y la Iglesia pondrán muchas trabas y nos terminaran echando» después de casi cuarenta años en el Kiosko Base.

Esta familia está esperando que el juez ejecute el lanzamiento tras el pleito que recientemente ganó la Hermandad de la Virgen del Valle en relación al contrato, expirado el 31 de diciembre de 2021. De momento, el negocio se mantiene abierto, pero Esther Linares considera muy injusto que después de regentar el negocio durante casi cuarenta años  se quede su familia y ella en la calle. 

Sobre este asunto, la arrendataria asegura que se le avisó de que no se le renovaría el contrato «y se hizo llamamiento  a varios empresarios para la puja del kiosko». Además, señala que en aquellos momentos comenzaron las dudas sobre la titularidad y la hermandad defendió «que era de ella y del Ayuntamiento». 

Esta familia está dispuesta a seguir luchando «hasta el final», confía en que el alcalde les reciba pronto después de haber solicitado una reunión hace mes y medio. El objetivo pasa porque el dinero del alquiler vaya a parar las arcas municipales y la administración termine sacando adelante una nueva licitación, pero también «que se tenga en consideración que nos hemos dejado la piel durante casi cuarenta años». Entiende que la concesión podría recaer en otra persona, «pero no en empresarios con muchos negocios».