Josué se bajó ayer de un taxi adaptado junto a la Audiencia Provincial. Frisaban las diez de la mañana cuando el joven que recibió cuatro balazos en La Peraleda durante las fiestas de la Virgen del Sagrario entraba en silla de ruedas como testigo principal en el juicio contra su excuñado, Cristian Muñoz. El chaval de 19 años que bajó del barrio de Santa Bárbara al recinto ferial esa noche del 20 de agosto de 2021 convivió con la muerte, pero ha salido adelante lastrado por múltiples secuelas físicas y psíquicas.

La víctima arrastraba de nacimiento una minusvalía psíquica del 44 por ciento, reconocida después del brutal tiroteo, cuyas balas del calibre 22 alcanzaron el tórax y la médula. A un palmo de órganos vitales. La misma munición que desencadenó una operación a vida o muerte en el Hospital Virgen de la Salud. La intervención sanitaria inmediata salvó la vida de Josué, único testigo presencial que compareció ayer en el juicio.

El joven identificó a Cristian como autor de los disparos; al menos, de parte del tiroteo porque apuntó sorprendentemente que hubo un segundo tirador. Con cuatro balazos en el cuerpo, llamó a su hermana y culpó a Cristian. Los forenses confirmaron que un individuo puede mantener la conciencia durante un tiempo indeterminado pese a la gravedad de las heridas por ese instinto de pedir ayuda.

Josué y su hermana testificaron con un biombo de separación con los tres acusados. Junto con Cristian, en prisión provisional desde el 31 de octubre de ese año por la presunta comisión de un delito de tentativa de asesinato, se sentaban también su padre por un delito de amenazas graves previas y un primo suyo, Abraham, como cómplice de la tentativa de asesinato.

Como prueba, los policías mencionaron la grabación de un coche Seat León que incorporaba una cámara que permitió identificar la presencia de Cristian en la zona.

La Fiscalía y la acusación particular mantienen la petición de pena de cárcel para Cristian, pero difieren en los años. El ministerio público solicita dos años por la tenencia ilícita de armas y 14 años y nueve meses por la tentativa de asesinato, cuya autoría queda también acreditada, a su juicio, por el testimonio de la hermana de Josué y expareja del principal acusado.

El fiscal apunta como «móvil evidente» la relación tensa entre la expareja por el hijo en común, quien convivía con la familia de ella sin que el padre pudiera ver a la criatura. Aprecia premeditación por los 150 kilómetros recorridos por Cristian desde Guadalajara, donde residía, a Toledo aquella noche. Y alevosía también, por la indefensión de Josué en el tiroteo.

Por su parte, la acusación particular eleva la petición contra Cristian a 30 años de prisión por la tentativa de asesinato y dos años más por la tenencia ilícita de armas. «Han pretendido imponer su ley gitana», recalcaba la abogada sobre Cristian y su familia y el supuesto castigo contra otro clan gitano.

La defensa tacha de absurdo el informe policial y pide absolución

El abogado de Cristian Muñoz empezó las conclusiones calificando como «pantomima y circo» el testimonio del denunciante. «Por enésima vez, una declaración diferente de la víctima», indicó. Y añadió: «No tiene ni idea de cómo fueron los disparos. Del propio susto, no se acuerda».

El letrado considera que la expareja de Cristian y hermana de la víctima de los disparos ha conducido las pesquisas policiales. «La investigación policial es paupérrima y absurda», subrayó en su alegato, que pedía la absolución del acusado.

Cristian, que sólo atendió a preguntas de su abogado, defendió en el interrogatorio que no disparó a Josué y que acudió a las fiestas de La Peraleda con el único ánimo de disfrutar de la noche junto a su primo. «No vi a Josué», recalcó.

«No era tensión, era sufrimiento porque no podía ver a mi hijo», afirmó sobre las relaciones con la familia de Josué.

Cristian aseguró que abandonó Guadalajara la misma noche de los hechos y se desplazó a Málaga «porque nos estaban amenazando de muerte a mí y a mi familia». Fue detenido en Madrid dos meses después.

La acusación particular pide 20 años para el procesado por complicidad

El fiscal mantuvo ayer en las conclusiones la acusación contra Abraham Sánchez, primo de Cristian y acusado inicialmente de un delito de complicidad del intento de asesinato; calificó la supuesta intervención en los hechos como accesoria. En cambio, la acusación particular mantiene una petición de 20 años de cárcel menos un día por la complicidad. Por su parte, la defensa pide la libre absolución. «Estaba en Toledo, ¿y qué?», manifestó su abogado, quien rebatió constantemente la investigación y la intervención de los agentes en la Audiencia Provincial.

Durante las conclusiones, la defensa aludió a la testigo sin identificar que avisó a la Policía Local de los disparos y de la huida de un vehículo de la marca BMW. Precisamente, un agente municipal detalló que vio antes del aviso a un coche de esta misma marca salir a toda velocidad de La Peraleda.

La Policía Local no identificó a esa mujer que dio los primeros datos del suceso en La Peraleda. «Es una fuente anónima», reprochó el letrado de Abraham por el desconocimiento de la filiación. El mismo abogado pidió, asimismo, la nulidad de las intervenciones telefónicas del proceso que inculpan, según los agentes, a su defendido.

Extraordinario despliegue policial en la Audiencia

Un repartidor bajaba hacia Pozo Amargo, pero se quedó esperando muy cerca de la puerta de la Audiencia Provincial. La Policía Nacional había ordenado que los peatones despejaran la zona. El trabajador y el resto de transeúntes aguardaron a que el principal acusado bajara del furgón de la Guardia Civil que lo conducía desde la cárcel para retomar la normalidad.

Toledanos y visitantes se sorprendían de la presencia de tantos agentes en la calle, uno incluso con un arma larga. Dentro ya de la Audiencia Provincial, el despliegue de la Policía Nacional fue máximo. Un agente custodiaba la entrada a la sala 1 y cinco más permanecieron dentro durante las cinco horas de la sesión. Incluso hubo relevo de policías por la larga duración.