El 'caso Koldo', que algunos pretenden denominar, por elevación creo que injusta, el 'caso Sánchez', seguirá en los titulares esta semana, porque las presuntas derivaciones, que van desde la presidenta del Congreso hasta la esposa del presidente del Gobierno, son muchas, o se pretende que sean muchas, más allá, desde luego, de la persona de José Luis Ábalos. Sin duda, este 'Koldogate' hará que el Ejecutivo se deje muchas plumas, pero sobrevivirá tras el inevitable olvido de este 'affaire': este es un país en el que todo acaba olvidándose. Y entonces volverá el auténtico conflicto que podría hasta hacer caer un Gobierno: la amnistía. Ahora con ramificaciones cada vez más serias, de mayor alcance. Como la que afecta a Manuel Marchena.

A Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, le van a convertir en el enemigo público número uno del Gobierno, por esa decisión (unánime) de la citada Sala del TS de abrir una causa penal y, en su caso, enjuiciar, a Carles Puigdemont, entre otros, por presuntos delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso del 'Tsunami Democràtic'. Irrumpe así el alto Tribunal en las inminentes actividades del Parlamento, que deberá votar la proposición de ley orgánica de amnistía elaborada por el Gobierno. Una colisión peligrosísima entre el Judicial y el Legislativo en torno a una polémica acción del Ejecutivo a la que debe respaldar, o no, un personaje que, por haberse fugado, no pudo ser juzgado por Marchena cuando, hace un lustro, este presidió el juicio por el 'procés' independentista. Ya sabe: aquel juicio que concluyó con severas penas de nueve a trece años de cárcel luego indultadas.

El relato de la situación de los poderes clásicos de Montesquieu en España se va convirtiendo, así, en algo pavoroso y que, curiosamente, pese a la complejidad de los argumentos a favor o en contra de lo que está actuando el Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por una parte de la Cámara Baja, está llegando a las discusiones en la calle. Que el Supremo se enfrente a la cúpula de la Fiscalía (que, a su vez se enfrenta a la mayoría de los fiscales) acerca de si las actividades de aquellos años desgraciados entre 2017 y 2019 incurrieron o no en terrorismo es ya un indicio suficientemente serio de cómo andan nuestras instituciones. Que desde el Gobierno, un viernes por la noche, se filtre un informe de la Comisión de Venecia, presumiblemente apoyando la amnistía que se pretende, mientras desde la oposición se devalúa ese presunto apoyo del órgano consultivo del Consejo de Europa, muestra hasta dónde hemos llegado: estamos involucrando a Europa en las peleas intestinas, en las disquisiciones leguleyas patrias.

No soy quién para entrar a fondo ni en el texto del anuncio de que el Supremo abrirá una causa penal contra el ex president de la Generalitat ni en la disquisición acerca de hasta qué punto puede inferirse, en un texto bastante ambiguo, un respaldo a la amnistía gubernamental por parte de la Comisión de Venecia, que, sin carácter ejecutivo, vale para lo que vale. Solamente digo que, una vez más, las dos Españas se agrupan en torno a campanadas judiciales o jurídicas que ninguna de la dos partes alcanza a entender en profundidad, entre otras cosas porque priman las motivaciones políticas y nadie busca, imparcialmente, entrar a diseccionar lo que las leyes y los textos togados quieren o no en verdad decir.

En medio de esta barahúnda, lo importante, al menos para mí, es la lapidación soterrada que está sufriendo, en algún caso no niego que quizá por méritos propios, el poder judicial. Hoy quiero personificar ese conflicto, que se extiende al Ejecutivo y también al Legislativo, en el juez Marchena, el hombre que, en un ataque de dignidad, renunció a presidir el Consejo del Poder Judicial y el Supremo porque alguien puso en duda su integridad e imparcialidad. El hombre que arrostró todas las críticas porque no quiso considerar 'rebelión' lo que era, a su juicio, 'sedición', figura penal hoy, por cierto, increíblemente abolida por el Gobierno en aras de obtener los plácemes de Junts y de su líder espiritual, Puigdemont.

Soy incapaz de afirmar si hubo o no terrorismo en la actuación de Puigdemont: es tema opinable y cuestionable, no pacífico. Sí digo que hubo delitos, como desórdenes públicos graves, enfrentamientos con las fuerzas del orden, desobediencia a las autoridades, que no podrían ser, de ninguna manera, amnistiados. Porque crean un precedente y porque los presuntos beneficios de la no menos presunta reconciliación y normalización que traería una amnistía se quedan en nada cuando, como de nuevo han vuelto a decir los posibles amnistiables hace unas horas, se reitera públicamente que se volverá a hacer, otra vez, lo mismo por lo que se exige el perdón.

Un Estado no puede funcionar así, actuando al margen de la lógica y el sentido común, ni quebrar de manera tan palmaria la separación de poderes y la seguridad jurídica. Pero eso es exactamente lo que estamos haciendo y creo que gentes como Marchena --entre otros muchos-- no pueden permitirlo. Por eso es el enemigo público número uno, se equivoque o no en su calificación de las actividades de Puigdemont: es un hombre digno y sabio que merece, al menos, el respeto que ahora tratan de restarle.