Después de un período en el que las noticias sobre la reforma estatutaria en Castilla-La Mancha han llegado con cuentagotas, probablemente para mantener con cierta discreción y fuera del foco público las negociaciones entre PP y PSOE, esta semana al fin se ha registrado la propuesta, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha. Se abre ahora no solo el período de tramitación parlamentaria, sino también la posibilidad de participación ciudadana, de cara a conseguir la aprobación final del texto dentro de un año. Tendremos ocasión de comentar con más detalle este texto y su evolución, pero como primer apunte «exprés» puedo decir algo sobre el procedimiento, y apenas una pincelada sobre el contenido. Respecto a lo primero, aun admitiendo la conveniencia de esa «discreción» en las negociaciones, lo cierto es que después de un período de secreto casi total, aparece de repente un texto perfectamente articulado, que se canaliza como proposición de ley presentada solo por el PSOE. Esto nos obliga a destacar, en primer lugar, que por esta vía desaparecen dictámenes que serían preceptivos en un proyecto, señaladamente el del Consejo Consultivo. Y en cuanto al consenso, aunque parece claro que el texto cuenta con el acuerdo del PP, con quien se han mantenido negociaciones, también aparentemente se está dejando fuera a la tercera fuera parlamentaria de la región, lo cual no es lo más conveniente, aun cuando es obvio que la aprobación de PP y PSOE, o incluso solo de PSOE, sería suficiente.  Tampoco queda muy claro en qué va a consistir ese proceso de «participación ciudadana», y cómo va a articularse, en cierto modo en paralelo con la propia tramitación parlamentaria. Veremos, porque no sé si esto se está manejando de la forma más adecuada.
En cuanto al contenido, se trata de una reforma íntegra que dará lugar, si llega a bien puerto, a un nuevo estatuto, en el que parecen recuperarse muchos de los contenidos que ya estaban en el texto que en los años 2006-2007 se tramitó en las Cortes regionales, y luego languideció hasta morir en las Cortes Generales, por culpa del craso error de tratar de derogar el trasvase Tajo-Segura en un Estatuto de autonomía. Hay un título dedicado a derechos y no pocas reformas institucionales, muchas de las cuales hemos venido defendiendo y justificando desde hace años, así que debemos saludarlas. También una mejor ordenación competencial, todo ello considerando las pautas constitucionales. Y en cuanto a la cuestión electoral… de 25 a 59 diputados, la parte baja de la «horquilla» queda demasiado baja, y la parte alta podría ser mayor, pero no estará mal si la ley se aproxima a esta última. Por hoy no me da el espacio para más…